¿PRIMEROS PASOS HACIA UN MERCADO LEGAL DE LA MARIHUANA EN LA UE?

 

Por Carles Vivancos, analista de política

A la vuelta de Semana Santa los ministros de agricultura (Cem Özdemir) y de sanidad (Karl Lauterbach) de Alemania anunciaban el registro, antes de acabar el mes en el Bundestag, del proyecto de ley para regular el uso recreativo del cannabis en el país más poblado de la UE. Además de ser los titulares de las carteras más directamente implicadas en el tema, Özdemir y Lauterbach son dos pesos pesados en los partidos principales de la coalición de gobierno germánica (Bündnis 90/Die Grünen y SPD, respectivamente).

En la presentación de la iniciativa legislativa, recogida en el pacto de coalición de 2021, ambos responsables políticos ponían especial énfasis en el propósito compartido de avanzar con prudencia en el camino de la legalización del consumo recreativo del cannabis para, entre otras razones, ayudar a bloquear que el crecimiento económico de este segmento de mercado sirviera para beneficiar y consolidar las redes criminales que actualmente lo operan.

La reciente experiencia tailandesa, en la que el gobierno presidido por el militar golpista Prayuth Chan-o-cha decidió legalizar prácticamente toda la actividad económica relacionada con la marihuana (desde el cultivo a la venta por consumo recreativo, sólo limitando su exportación) de un día para otro el 9 de junio de 2022, ha estado presidida por el caos y la llegada masiva al país de personas y capitales relacionados con organizaciones foráneas de todo tipo (incluidas las criminales). Ni la cultura institucional alemana ni el marco normativo europeo permitirían una aventura similar a la del país asiático. Convertido de repente en el paraíso soñado por algunos de los actuales operadores que, en suelo europeo (esencialmente los Países Bajos y España), actúan en la semi-obscuridad de los coffee-shops y de los dispensarios de las asociaciones cannábicas.

Lo que puede permitir la irrepetible experiencia tailandesa es evaluar las dimensiones económicas que la eclosión del mercado legal del consumo recreativo del cannabis puede tener.

Las autoridades alemanas prevén, a expensas de poder leer el texto concreto de la proposición de ley, una etapa experimental en la distribución que buscaría reproducir (esperemos que con mayor rigor jurídico-fiscal) la experiencia española (de raíces esencialmente barcelonesas) de las asociaciones cannábicas. La idea principal detrás de este formato es permitir que la producción, local y legal, de marihuana se acople paulatinamente al crecimiento de la demanda canalizada a través de la evolución de una distribución transparente y bajo control. De momento, las ciudades vecinas Frankfurt y Offenbach se han postulado públicamente para acoger las primeras pruebas. En la fecha de cierre del presente texto, la «coalición semáforo» aún no ha entregado al Bundestag el proyecto de ley anunciado. Lo que si han trascendido han sido las conversaciones del gobierno alemán con la Comisión Europea para ajustar el borrador original al complejo marco regulatorio europeo en esta materia.

Llegados a este punto presenta un cierto interés comparar las evoluciones relativas que han tenido tanto los coffe-shops de Ámsterdam como las «asociaciones» cannábicas barcelonesas.  Fue a mediados de la década de los 70′ cuando las autoridades neerlandesas trataron de combatir la eclosión del consumo de estupefacientes entre la juventud de su país con una combinación de medidas policiales y la creación de espacios de tolerancia para las semillas llamadas «drogas blandas» (esencialmente el hachís y la marihuana). Esta segunda idea se concretó con la autorización, en la ciudad de Ámsterdam, de los «Coffe-Shops», tiendas en las que se podía adquirir y consumir pequeñas cantidades de dichos derivados cannábicos. También, durante un corto período de tiempo (1987-1994), se experimentó la autorización de venta de pequeñas cantidades de heroína y la entrega de metadona a los adictos a los opiáceos junto a la Estación Central de ferrocarril de Rotterdam («Perron Nul»). El resultado del experimento fue controvertido y por esta razón se cerró, pero, en cualquier caso, se inscribía en la misma idea de no limitar la acción contra las drogodependencias a la penalización y la acción policial. Sí se observó un claro descenso del número de detenidos y del nivel de violencia criminal asociada al tráfico y consumo de drogas.

En la actualidad, la experiencia neerlandesa de tolerancia acumula ya prácticamente medio siglo de vida. Durante este período no se observó un incremento local de las toxicomanías asociadas al consumo de cannabis. En el terreno policial-criminal, la despenalización del consumo y la compra de pequeñas cantidades de productos cannábicos no se acompañó de la despenalización del cultivo y/o la venta al mayor de las plantas de marihuana. Fue bien entrada la segunda década del presente siglo cuando se empezaron a poner los cimientos para evitar la paradoja de poder vender un producto cuyo cultivo está perseguido en el mismo país. En la actualidad, a la espera de un acuerdo parlamentario que permita superar el problema, una ley aprobada en 2019 permitiría que en 2024 se pueda empezar a vender cannabis cultivado en los Países Bajos a los clubes cannábicos y cafeterías de once municipios holandeses, incluido Ámsterdam.

En paralelo a los esfuerzos por canalizar y resolver de forma no represiva el consumo recreativo de las drogas blandas, los Países Bajos han experimentado un importante crecimiento de la actividad de diversas organizaciones criminales internacionales vinculadas al tráfico y la producción sintética de drogas. Según los expertos, buena parte de este crecimiento se debe a la privilegiada posición del puerto de Rotterdam como principal puerta logística de la UE. Según datos de 2019, relacionados con el nivel de capturas de contrabando, los Países Bajos habrían superado a España como la principal plataforma logística de la cocaína en Europa. Si a esto le sumamos la producción de metanfetamina y «éxtasis» (localizada básicamente en territorio holandés, según diversas fuentes policiales) no nos debe sorprender que la prensa holandesa califique a su país de «narco estado» dado el nivel de violencia asociado a las actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas. Dicha violencia ha derivado en la necesidad de dotar de escoltas policiales a los miembros del gobierno y a los jueces, investigadores y periodistas que trabajan en la investigación de estas actividades criminales. Las amenazas a la seguridad con este origen habrían llegado hasta poner en riesgo a los propios miembros de la Casa Real de los Países Bajos.

El caso barcelonés de las «asociaciones cannábicas» se inició en 1991 con la fundación de la AREC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis). Entre sus socios fundadores se contaba con Felipe Borrallo, Miguel Ángel Gallardo y Juanito Mediavilla, editor y dibujantes, respectivamente, de la revista de cómic alternativo Makoki. El esfuerzo de esta entidad pionera en España sirvió para explorar los resquicios legales que permitieran plantar y fumar, en espacios privados, la marihuana y sus derivados. Los primeros frutos visibles fueron la proliferación de las «smart shop» en Barcelona. Tiendas en las que se podía comprar todo tipo de utillaje e información para cultivar, en principio a escala doméstica, las plantas de marihuana. Una primera batalla ganada fue la posibilidad de comprar también las imprescindibles semillas de cannabis sativa y cannabis indica.

Fue en 1999 cuando un tribunal español admitió, por primera vez, el uso terapéutico del cannabis (el caso contra Roland H. detenido en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con dos kilogramos de hachís).

A partir del año 2006 es cuando se empiezan a implantar los llamados «clubes cannábicos», al calor del posible consumo terapéutico de la marihuana y el hachís. Como en el caso holandés, en España el cultivo y la compraventa de la marihuana y sus derivados era y es un crimen perseguible. Y a pesar de la aparente tolerancia social, una persona detenida con menos de 5 gr de derivados cannábicos todavía puede ser multada con un mínimo de 601€. Esto no ha impedido que, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, los clubes cannábicos en Barcelona conocieran una eclosión sin precedentes. Pasando de los poco más de un centenar de entidades a superar el medio millar de locales, titularidad de asociaciones sin ánimo de lucro, que contaban con centenares de miles de «socios» registrados y por tanto aptos para ir al «dispensario» de la asociación a buscar derivados cannábicos para sus necesidades médicas o recreativas.

Una parte significativa de los «socios» eran (son) extranjeros no residentes que visitan Barcelona también atraídos, como en el caso de los Coffee-Shops de Ámsterdam, por la visible simplicidad de comprar y consumir marihuana y hachís. Según datos del sector, un «socio» local medio puede consumir el equivalente a 150-200€ mensuales de marihuana o hachís. Dado que el número actual de «clubes» cannábicos en Barcelona supera el número de 200 y la media de «socios» activos es superior a los 1.500 por entidad no cuesta mucho hacerse una idea aproximada del bulto actual de negocio de un sector que no puede comprar legalmente, en España, el mínimo de 10-12 toneladas/año que, sólo en el área metropolitana de Barcelona,   se puede estimar que se consumen. No nos deben sorprender las continuas informaciones a los medios sobre el descubrimiento de plantaciones ilegales de marihuana. Eso dicho, sin contar con las «importaciones» de otros países, como Marruecos, donde el cultivo de marihuana es legal desde hace dos años.

A la vista de lo comentado hasta ahora, parece obvio que, de prosperar la anunciada legalización alemana del consumo de cannabis, incluso siguiendo la «vía Barcelona», obligará a las autoridades de la UE y de la mayoría de los países europeos a ajustar sus respectivas legislaciones. Sobre todo, en cuanto al cultivo y la compraventa al por mayor de la marihuana, una actividad criminal y fuertemente perseguida en el conjunto de la UE.

Como ejemplo de la fortaleza del «sector» tenemos el caso de Spannabis, la principal feria profesional de la marihuana en Europa y un referente mundial que se desarrolla en el recinto de la Feria de Cornellà desde el año 2003.

Por Carles Vivancos, analista de política

A la vuelta de Semana Santa los ministros de agricultura (Cem Özdemir) y de sanidad (Karl Lauterbach) de Alemania anunciaban el registro, antes de acabar el mes en el Bundestag, del proyecto de ley para regular el uso recreativo del cannabis en el país más poblado de la UE. Además de ser los titulares de las carteras más directamente implicadas en el tema, Özdemir y Lauterbach son dos pesos pesados en los partidos principales de la coalición de gobierno germánica (Bündnis 90/Die Grünen y SPD, respectivamente).

En la presentación de la iniciativa legislativa, recogida en el pacto de coalición de 2021, ambos responsables políticos ponían especial énfasis en el propósito compartido de avanzar con prudencia en el camino de la legalización del consumo recreativo del cannabis para, entre otras razones, ayudar a bloquear que el crecimiento económico de este segmento de mercado sirviera para beneficiar y consolidar las redes criminales que actualmente lo operan.

La reciente experiencia tailandesa, en la que el gobierno presidido por el militar golpista Prayuth Chan-o-cha decidió legalizar prácticamente toda la actividad económica relacionada con la marihuana (desde el cultivo a la venta por consumo recreativo, sólo limitando su exportación) de un día para otro el 9 de junio de 2022, ha estado presidida por el caos y la llegada masiva al país de personas y capitales relacionados con organizaciones foráneas de todo tipo (incluidas las criminales). Ni la cultura institucional alemana ni el marco normativo europeo permitirían una aventura similar a la del país asiático. Convertido de repente en el paraíso soñado por algunos de los actuales operadores que, en suelo europeo (esencialmente los Países Bajos y España), actúan en la semi-obscuridad de los coffee-shops y de los dispensarios de las asociaciones cannábicas.

Lo que puede permitir la irrepetible experiencia tailandesa es evaluar las dimensiones económicas que la eclosión del mercado legal del consumo recreativo del cannabis puede tener.

Las autoridades alemanas prevén, a expensas de poder leer el texto concreto de la proposición de ley, una etapa experimental en la distribución que buscaría reproducir (esperemos que con mayor rigor jurídico-fiscal) la experiencia española (de raíces esencialmente barcelonesas) de las asociaciones cannábicas. La idea principal detrás de este formato es permitir que la producción, local y legal, de marihuana se acople paulatinamente al crecimiento de la demanda canalizada a través de la evolución de una distribución transparente y bajo control. De momento, las ciudades vecinas Frankfurt y Offenbach se han postulado públicamente para acoger las primeras pruebas. En la fecha de cierre del presente texto, la «coalición semáforo» aún no ha entregado al Bundestag el proyecto de ley anunciado. Lo que si han trascendido han sido las conversaciones del gobierno alemán con la Comisión Europea para ajustar el borrador original al complejo marco regulatorio europeo en esta materia.

Llegados a este punto presenta un cierto interés comparar las evoluciones relativas que han tenido tanto los coffe-shops de Ámsterdam como las «asociaciones» cannábicas barcelonesas.  Fue a mediados de la década de los 70′ cuando las autoridades neerlandesas trataron de combatir la eclosión del consumo de estupefacientes entre la juventud de su país con una combinación de medidas policiales y la creación de espacios de tolerancia para las semillas llamadas «drogas blandas» (esencialmente el hachís y la marihuana). Esta segunda idea se concretó con la autorización, en la ciudad de Ámsterdam, de los «Coffe-Shops», tiendas en las que se podía adquirir y consumir pequeñas cantidades de dichos derivados cannábicos. También, durante un corto período de tiempo (1987-1994), se experimentó la autorización de venta de pequeñas cantidades de heroína y la entrega de metadona a los adictos a los opiáceos junto a la Estación Central de ferrocarril de Rotterdam («Perron Nul»). El resultado del experimento fue controvertido y por esta razón se cerró, pero, en cualquier caso, se inscribía en la misma idea de no limitar la acción contra las drogodependencias a la penalización y la acción policial. Sí se observó un claro descenso del número de detenidos y del nivel de violencia criminal asociada al tráfico y consumo de drogas.

En la actualidad, la experiencia neerlandesa de tolerancia acumula ya prácticamente medio siglo de vida. Durante este período no se observó un incremento local de las toxicomanías asociadas al consumo de cannabis. En el terreno policial-criminal, la despenalización del consumo y la compra de pequeñas cantidades de productos cannábicos no se acompañó de la despenalización del cultivo y/o la venta al mayor de las plantas de marihuana. Fue bien entrada la segunda década del presente siglo cuando se empezaron a poner los cimientos para evitar la paradoja de poder vender un producto cuyo cultivo está perseguido en el mismo país. En la actualidad, a la espera de un acuerdo parlamentario que permita superar el problema, una ley aprobada en 2019 permitiría que en 2024 se pueda empezar a vender cannabis cultivado en los Países Bajos a los clubes cannábicos y cafeterías de once municipios holandeses, incluido Ámsterdam.

En paralelo a los esfuerzos por canalizar y resolver de forma no represiva el consumo recreativo de las drogas blandas, los Países Bajos han experimentado un importante crecimiento de la actividad de diversas organizaciones criminales internacionales vinculadas al tráfico y la producción sintética de drogas. Según los expertos, buena parte de este crecimiento se debe a la privilegiada posición del puerto de Rotterdam como principal puerta logística de la UE. Según datos de 2019, relacionados con el nivel de capturas de contrabando, los Países Bajos habrían superado a España como la principal plataforma logística de la cocaína en Europa. Si a esto le sumamos la producción de metanfetamina y «éxtasis» (localizada básicamente en territorio holandés, según diversas fuentes policiales) no nos debe sorprender que la prensa holandesa califique a su país de «narco estado» dado el nivel de violencia asociado a las actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas. Dicha violencia ha derivado en la necesidad de dotar de escoltas policiales a los miembros del gobierno y a los jueces, investigadores y periodistas que trabajan en la investigación de estas actividades criminales. Las amenazas a la seguridad con este origen habrían llegado hasta poner en riesgo a los propios miembros de la Casa Real de los Países Bajos.

El caso barcelonés de las «asociaciones cannábicas» se inició en 1991 con la fundación de la AREC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis). Entre sus socios fundadores se contaba con Felipe Borrallo, Miguel Ángel Gallardo y Juanito Mediavilla, editor y dibujantes, respectivamente, de la revista de cómic alternativo Makoki. El esfuerzo de esta entidad pionera en España sirvió para explorar los resquicios legales que permitieran plantar y fumar, en espacios privados, la marihuana y sus derivados. Los primeros frutos visibles fueron la proliferación de las «smart shop» en Barcelona. Tiendas en las que se podía comprar todo tipo de utillaje e información para cultivar, en principio a escala doméstica, las plantas de marihuana. Una primera batalla ganada fue la posibilidad de comprar también las imprescindibles semillas de cannabis sativa y cannabis indica.

Fue en 1999 cuando un tribunal español admitió, por primera vez, el uso terapéutico del cannabis (el caso contra Roland H. detenido en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con dos kilogramos de hachís).

A partir del año 2006 es cuando se empiezan a implantar los llamados «clubes cannábicos», al calor del posible consumo terapéutico de la marihuana y el hachís. Como en el caso holandés, en España el cultivo y la compraventa de la marihuana y sus derivados era y es un crimen perseguible. Y a pesar de la aparente tolerancia social, una persona detenida con menos de 5 gr de derivados cannábicos todavía puede ser multada con un mínimo de 601€. Esto no ha impedido que, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015, los clubes cannábicos en Barcelona conocieran una eclosión sin precedentes. Pasando de los poco más de un centenar de entidades a superar el medio millar de locales, titularidad de asociaciones sin ánimo de lucro, que contaban con centenares de miles de «socios» registrados y por tanto aptos para ir al «dispensario» de la asociación a buscar derivados cannábicos para sus necesidades médicas o recreativas.

Una parte significativa de los «socios» eran (son) extranjeros no residentes que visitan Barcelona también atraídos, como en el caso de los Coffee-Shops de Ámsterdam, por la visible simplicidad de comprar y consumir marihuana y hachís. Según datos del sector, un «socio» local medio puede consumir el equivalente a 150-200€ mensuales de marihuana o hachís. Dado que el número actual de «clubes» cannábicos en Barcelona supera el número de 200 y la media de «socios» activos es superior a los 1.500 por entidad no cuesta mucho hacerse una idea aproximada del bulto actual de negocio de un sector que no puede comprar legalmente, en España, el mínimo de 10-12 toneladas/año que, sólo en el área metropolitana de Barcelona,   se puede estimar que se consumen. No nos deben sorprender las continuas informaciones a los medios sobre el descubrimiento de plantaciones ilegales de marihuana. Eso dicho, sin contar con las «importaciones» de otros países, como Marruecos, donde el cultivo de marihuana es legal desde hace dos años.

A la vista de lo comentado hasta ahora, parece obvio que, de prosperar la anunciada legalización alemana del consumo de cannabis, incluso siguiendo la «vía Barcelona», obligará a las autoridades de la UE y de la mayoría de los países europeos a ajustar sus respectivas legislaciones. Sobre todo, en cuanto al cultivo y la compraventa al por mayor de la marihuana, una actividad criminal y fuertemente perseguida en el conjunto de la UE.

Como ejemplo de la fortaleza del «sector» tenemos el caso de Spannabis, la principal feria profesional de la marihuana en Europa y un referente mundial que se desarrolla en el recinto de la Feria de Cornellà desde el año 2003.

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