L’OPORTUNITAT DELS FONS EUROPEUS NEW GENERATION
multiplicador
Por Josep Grau, consultor de estrategia y tecnología
La Comisión Europea aprobó los Planes de Recuperación y Resiliencia dotados en 750.000 M€ por los próximos seis años. Los Estados miembros dispondrán de un 90% de estos fondos a través de los mecanismos de recuperación y resiliencia (MRR) mediante subvenciones directas y préstamos, un 6% a través de los fondos REACT-EU, y un 4% de los fondos europeos del Horizon 2030.
Esta dotación económica es prácticamente el equivalente de tres veces la dotación del llamado Plan Marshall después de la 2° Guerra Mundial.
De estos fondos el Estado Español recibirá unos 140.000 M€ hasta el 2027, España es el país que recibirá más dotación junto con Italia. Los fondos están vinculados a cuatro ejes: transición digital, transición verde, cohesión sociales y territorial e igualdad; de los que 126.000 M€ serán a través de los MRR.
Estos fondos serán gestionados, intermediando co-gobernanza, entre el Ministerio de Economía, las CCAA’s y Regiones y Ayuntamientos.
El sectores empresariales vinculados a estos ejes más relevantes que tienen altas expectativas son el digital, la conectividad y tecnología sostenible, las energías renovables, la salud, la educación y la formación profesional, y finalmente la investigación, innovación y ciencia.
Cataluña recibirá casi 1.500 millones de euros del fondo React-UE, esto es un 48% que el gobierno estatal distribuirá entre nueve CCAA. Cataluña ha presentado unos treinta proyectos, entre ellos, en el ámbito de despliegue de infraestructuras digitales y conectividad de alta capacidad en el territorio. Su fondos dirigidos a inversiones permitirán la transición hacia una economía digital.
El objetivo es doble: por un lado, mejorar la conectividad digital con infraestructuras de telecomunicaciones de nueva generación y de alta capacidad, y mejorar los servicios a los ciudadanos y la competitividad de las empresas de Cataluña, y el otro vertebrar digitalmente todo el territorio. La finalidad es garantizar un punto de presencia de red de fibra óptica en los municipios y en las zonas de actividad económica, así como impulsar actuaciones que permitan desplegar proyectos de transformación digital de los propios servicios públicos.
«El reto de la Administración es definir un marco de provisión de capital viable y realista, la fortaleza de la gobernanza puede evitar la actual fragilidad de la colaboración público-privada de los modelos concessionales actuales.” |
El AMB ha presentado dos programas con la participación de 36 ayuntamientos metropolitanos, actores públicos y empresas, programas que incorporan fondos NG EU, y que combinando la participación pública y privada lograrán una cifra total de unos 2.700 M€.
Es evidente que los fondos europeos son una oportunidad para ejecutar estas inversiones, pero hace falta la participación directa de las Empresas.
Es clave la participación publico-privada para abordar con solidez esta transformación para lograr la recuperación y consolidación. La colaboración publico-privada nos permite acelerar inversiones que son estratégicas.
La colaboración Público-Privado permite a las Administraciones, siempre preservando los intereses públicos, controlar el déficit, la financiación y las capacidades de inversión. Estos mecanismos permiten, mediante la explotación de infraestructuras por parte del sector privado, multiplicar las inversiones y financiación por su despliegue y/o construcción.
La CPP en épocas de cierta limitación de inversiones, es especialmente útil en este momento, que aporta rapidez y eficiencia en la ejecución, y nos aseguran el coste de innovación y mantenimiento. La CPP en la mayoría de los casos no afectan al déficit público puesto que esponjan las inversiones en el tiempo, y permiten mejorar la eficiencia y anticipar la disponibilidad de infraestructuras.
La respuesta de esta modalidad técnica requiere de una gobernanza coherente e integral en su contratación, aunque comporte ampliar los plazos del perímetro temporal, pero exige una implicación de todos los actores, con los debidos controles públicos.
La selección de proyectos debe responder a las prioridades en su planificación con criterios institucionales, puesto que los recursos disponibles, públicos y privados lo requiere, siempre aplicando el concepto de neutralidad técnica. La preparación, licitación y gestión tiene que responder a una lógica económica siempre bajo los controles y la legalidad adaptados.
El reto de la Administración es definir un marco de provisión de capital viable y realista, la fortaleza de la gobernanza puede evitar la actual fragilidad de la colaboración público-privada de los modelos concessionales actuales.
La adaptación de las experiencias de la colaboración publico-privada y de los instrumentos por la financiación de infraestructuras, facilitará el despliegue de infraestructuras, bajo un marco de gobernanza y capacidades efectivas.
En definitiva, los fondos NG EU son una oportunidad, pero hay que adaptar los procesos de contratación pública que permitan mejorar y actualizar el marco legal de los mecanismos de colaboración, y aprovechar para ejecutar, de forma ágil, los planes de recuperación y desarrollo definidos.
Por Josep Grau, consultor de estrategia y tecnología
La Comisión Europea aprobó los Planes de Recuperación y Resiliencia dotados en 750.000 M€ por los próximos seis años. Los Estados miembros dispondrán de un 90% de estos fondos a través de los mecanismos de recuperación y resiliencia (MRR) mediante subvenciones directas y préstamos, un 6% a través de los fondos REACT-EU, y un 4% de los fondos europeos del Horizon 2030.
Esta dotación económica es prácticamente el equivalente de tres veces la dotación del llamado Plan Marshall después de la 2° Guerra Mundial.
De estos fondos el Estado Español recibirá unos 140.000 M€ hasta el 2027, España es el país que recibirá más dotación junto con Italia. Los fondos están vinculados a cuatro ejes: transición digital, transición verde, cohesión sociales y territorial e igualdad; de los que 126.000 M€ serán a través de los MRR.
Estos fondos serán gestionados, intermediando co-gobernanza, entre el Ministerio de Economía, las CCAA’s y Regiones y Ayuntamientos.
El sectores empresariales vinculados a estos ejes más relevantes que tienen altas expectativas son el digital, la conectividad y tecnología sostenible, las energías renovables, la salud, la educación y la formación profesional, y finalmente la investigación, innovación y ciencia.
Cataluña recibirá casi 1.500 millones de euros del fondo React-UE, esto es un 48% que el gobierno estatal distribuirá entre nueve CCAA. Cataluña ha presentado unos treinta proyectos, entre ellos, en el ámbito de despliegue de infraestructuras digitales y conectividad de alta capacidad en el territorio. Su fondos dirigidos a inversiones permitirán la transición hacia una economía digital.
El objetivo es doble: por un lado, mejorar la conectividad digital con infraestructuras de telecomunicaciones de nueva generación y de alta capacidad, y mejorar los servicios a los ciudadanos y la competitividad de las empresas de Cataluña, y el otro vertebrar digitalmente todo el territorio. La finalidad es garantizar un punto de presencia de red de fibra óptica en los municipios y en las zonas de actividad económica, así como impulsar actuaciones que permitan desplegar proyectos de transformación digital de los propios servicios públicos.
“El reto de la Administración es definir un marco de provisión de capital viable y realista, la fortaleza de la gobernanza puede evitar la actual fragilidad de la colaboración público-privada de los modelos concessionales actuales.” |
El AMB ha presentado dos programas con la participación de 36 ayuntamientos metropolitanos, actores públicos y empresas, programas que incorporan fondos NG EU, y que combinando la participación pública y privada lograrán una cifra total de unos 2.700 M€.
Es evidente que los fondos europeos son una oportunidad para ejecutar estas inversiones, pero hace falta la participación directa de las Empresas.
Es clave la participación publico-privada para abordar con solidez esta transformación para lograr la recuperación y consolidación. La colaboración publico-privada nos permite acelerar inversiones que son estratégicas.
La colaboración Público-Privado permite a las Administraciones, siempre preservando los intereses públicos, controlar el déficit, la financiación y las capacidades de inversión. Estos mecanismos permiten, mediante la explotación de infraestructuras por parte del sector privado, multiplicar las inversiones y financiación por su despliegue y/o construcción.
La CPP en épocas de cierta limitación de inversiones, es especialmente útil en este momento, que aporta rapidez y eficiencia en la ejecución, y nos aseguran el coste de innovación y mantenimiento. La CPP en la mayoría de los casos no afectan al déficit público puesto que esponjan las inversiones en el tiempo, y permiten mejorar la eficiencia y anticipar la disponibilidad de infraestructuras.
La respuesta de esta modalidad técnica requiere de una gobernanza coherente e integral en su contratación, aunque comporte ampliar los plazos del perímetro temporal, pero exige una implicación de todos los actores, con los debidos controles públicos.
La selección de proyectos debe responder a las prioridades en su planificación con criterios institucionales, puesto que los recursos disponibles, públicos y privados lo requiere, siempre aplicando el concepto de neutralidad técnica. La preparación, licitación y gestión tiene que responder a una lógica económica siempre bajo los controles y la legalidad adaptados.
El reto de la Administración es definir un marco de provisión de capital viable y realista, la fortaleza de la gobernanza puede evitar la actual fragilidad de la colaboración público-privada de los modelos concessionales actuales.
La adaptación de las experiencias de la colaboración publico-privada y de los instrumentos por la financiación de infraestructuras, facilitará el despliegue de infraestructuras, bajo un marco de gobernanza y capacidades efectivas.
En definitiva, los fondos NG EU son una oportunidad, pero hay que adaptar los procesos de contratación pública que permitan mejorar y actualizar el marco legal de los mecanismos de colaboración, y aprovechar para ejecutar, de forma ágil, los planes de recuperación y desarrollo definidos.
| share: |       |
