PARADOJAS DE LA GOBERNANZA METROPOLITANA

Por Héctor Santcovsky, sociólogo. Experto en políticas públicas

Vivimos en una era de complejidades e incertidumbres. Es muy difícil no pensar que, en este momento histórico, los temas de gobernanza aparecen frente a retos concretos que afectan a una gestión compleja de territorios con problemáticas muy importantes en cuanto a desigualdad, cambio climático o necesidades de crecimiento inclusivo. Y, en este contexto, la gobernanza vuelve al debate público de forma sistemática.

Es cierto que a veces parece que el debate sobre este concepto esconda la existencia de otros problemas más importantes en el ámbito de la gestión de las instituciones, y no se puede negar que, en determinados momentos, hablar de gobernanza ayuda a discutir sobre temas que, a veces, tienen que ver más con los problemas de la crisis de la democracia o de la propia legitimidad democrática que en cómo debe gestionarse la cosa pública.

Por eso, en el momento de introducir el debate sobre cuáles son los retos de la gobernanza en un sistema metropolitano, se hace muy necesario precisar si de lo que estamos hablando es de un modelo de gestión con implicación de diversos sectores, de la idoneidad de un sistema de la articulación institucional o de la concurrencia de diversas instituciones en la gestión de un problema. O, simplemente, como en el caso metropolitano, de si la dimensión y la composición institucional es la más adecuada para responder a la realidad que se encuentra y que ha conformado las causas que generaron la creación de esta entidad.

“la mejor manera de garantizar que todo el sistema funcione es aplicando políticas de mayor proximidad. Y no hay política más de proximidad que la de acercar al mundo local y metropolitano la gestión de competencias.»

Por otra parte, la propia existencia de una institución (AMB) dentro de una realidad territorial más amplia (la Región Metropolitana), hace también que se note más la diferencia de pertenecer o no a la institución existente, y en algunos casos, incluso, se vea la no pertenencia a esta entidad como un agravio comparativo. En este sentido, el AMB es un elemento que evidencia de forma fehaciente la necesidad de plantear una política metropolitana.

La dimensión y complejidad de muchos de los problemas urbanos de territorios definidos como metropolitanos exige pensarlo en esta escala geográfica, aunque sólo sea por políticas comparadas, ya que las grandes capitales y ciudades del mundo cuentan con instituciones metropolitanas. Con organizaciones y competencias no homogéneas sí, pero atacando problemas comunes: promoción económica, transporte, tratamiento final de residuos, gestión de servicios de agua y energía.

El sistema de elección de los cargos políticos, el debate sobre las competencias, la decisión sobre qué instituciones deben participar o su financiación cada cierto período de tiempo aparece en la agenda pública. El problema es que la gobernanza, por la propia naturaleza de lo que significa y comprende, no cuenta con modelos homologados o de referencia, y de hecho, al menos en nuestro país y en nuestra región, aparece como un elemento que, en veces, se convierte como un issue de agenda pública. Y, aquí, la pregunta que hay que formularse es si realmente la indefinición de la gobernanza de forma precisa constituye un obstáculo que impide el avance de un territorio.

La gobernanza puede entenderse desde las diversas realidades territoriales y de los diferentes sistemas políticos, y esto hace complejo definir un modelo concreto y unívoco. En unos casos tenemos un territorio con una ciudad fuerte en el epicentro metropolitano que actúa y provoca fenómenos centrífugos y centrípetos, según el caso, en los servicios, la población, la calidad de vida, la tipología de empleo, fenómenos que a la vez provocan realidades complejas y muy distintas.

En otras situaciones, sin embargo, encontramos metrópolis que son capitales con mucha presencia cultural e histórica combinados con barrios satélites sin identidad ni tradición. Pero también encontramos metrópolis que son simples anexiones de barrios continuos, como se da en muchos casos en América. O casos en los que existen metrópolis formadas por unidades municipales relativamente pequeñas o medianas como es el caso de Tokio, Santiago, Lima o Londres pero donde el núcleo central histórico es el que prima a pesar de no ser el lugar donde pueden estar los centros de decisión , o el grueso de la población. Son los que «dan nombre» al espacio metropolitano sin tener otra propiedad que la de ser el espacio donde se encuentran las instituciones con más tradición histórica, o simplemente donde está la sede del gobierno, o cualquier otra condición similar.

El caso de la Barcelona metropolitana es singular por otras razones. En primer lugar, porque la principal ciudad en población representa a una tercera parte de la población de su región, y la mitad de la principal unidad administrativa reconocida (AMB), siendo también la capital de Catalunya y el motor económico del país. Aparte, nadie pondrá en duda su peso cultural e histórico. Pero también debemos reconocer que los municipios que rodean Barcelona en general, quizás con la única excepción de Badia del Vallès por su juventud como ciudad, son todos municipios con una identidad fuerte, raíces importantes, una historia local en algunos casos milenaria y entramados sociales y culturales muy potentes en el ámbito local.

Teniendo en cuenta todos estos factores descritos, la pregunta que se debe hacer es cuáles son los retos de gobernanza que tiene un territorio como Barcelona en su dimensión regional, y cómo se afrontan los diversos debates que, a veces, cuestionan el modelo actual del Área Metropolitana respecto a la elección de las autoridades, las competencias o ciertos temas de gestión como el transporte o el agua, por poner dos ejemplos actualmente en el candelero.

La pregunta, pues, que nos interroga sería qué razones y en qué términos debemos definir la gobernanza de la región metropolitana, si es un tema de arquitectura institucional, de redefinición de competencias, de sistemas de elección, o lo que se pueda considerar como lo más adecuado.

La cuestión de la gobernanza, si excluimos el juego político de cuando las alianzas responden a un nivel superior (por ejemplo, posibles pactos entre PSOE y ERC por la gobernabilidad de España que podrían tener algún efecto en Catalunya), se mide siempre de la asimismo según las temáticas que se tratan, insistiendo a veces más allá de complejidades políticas, no exentas muchas veces de conflictos de ego de sus protagonistas.

En realidad, el debate cobra una dimensión importante cuando nos preguntamos sobre las problemáticas concretas y cómo abordarlas. Algunos ejemplos nos hacen preguntarnos en qué tiene que ver la vivienda con la recogida de residuos, o con el modelo de gestión y, sobre todo, en la financiación. O el transporte y la promoción económica con el modelo de dotación de recursos. O la educación con competencias municipales no pedagógicas, o en materia de guarderías. Por tanto, cuando hablamos de gobernanza, deberíamos valorar otros criterios y conceptos. Si incluimos el principio de subsidiariedad y eficiencia, el debate conceptual de la gobernanza exige cambiar de parámetros de análisis. Con la realidad añadida de que todos los problemas y reclamos, sean locales, autonómicos e incluso estatales, terminan casi siempre en el despacho del alcalde o la alcaldesa, que es otro de los grandes problemas de los conflictos competenciales, ya que lo que busca la ciudadanía, objetivamente hablando, es una ventanilla de escucha o queja de proximidad a la que acceder con cierta facilidad, y qué no será otra que la municipal.

Para pensar la gobernanza metropolitana habría que dar algunos pasos en la línea de un rápido diagnóstico de todos los campos en los que existen intersecciones competenciales que deben aclararse que no son unívocos. Por ejemplo, las interacciones entre el municipio y la autoridad metropolitana, entre la autoridad metropolitana y la autonomía, entre ambos y la Diputación, entre la autoridad metropolitana y la región, y así sucesivamente con todos y cada uno de los espacios que generan momentos de colisión, acuerdo, pacto o colaboración. En esta misma perspectiva es imprescindible empezar a definir qué significa una gobernanza multinivel en un espacio como el metropolitano.

Y en la misma óptica, para hablar efectivamente de gobernanza, quedarían pendientes estas intersecciones con la sociedad, con los stakeholders –que no siempre es la sociedad civil quien pretende representarlas, y cada vez menos–, con los agentes socioeconómicos –que representan otro colectivo no igual a la sociedad civil– y, en muchos casos, la propia ciudadanía.

En síntesis, es necesario pensar una gobernanza en un nuevo mapa de relaciones e interacciones. Y también hay que evitar otra tendencia, muy heredera de los años 80, especialmente en cierta izquierda, que es que la participación y la interacción debe hacerse con los fidelizados y más “activos”, que no quiere decir los más representativos. Pero tampoco debemos deslumbrarnos en que lo que sólo representa a la sociedad sean las “fuerzas vivas”. Debemos pensar en una gobernanza multifacética, compleja, pero no por eso necesariamente complicada.

Para intentar aclararlo un poco más, podríamos valorar seis ámbitos (presentados de forma no jerárquica) en los que es necesario superar la situación actual e ir hacia nuevos modelos de colaboración y gobernanza diversa.

Un primer tema puede ser el de la seguridad, en el que se ha avanzado mucho pero donde todavía faltan muchas decisiones, la más importante es cómo estructurar un modelo de seguridad metropolitano que sobrepase los límites del área metropolitana de Barcelona. Los intentos de la estructura de Mossos han sido un paso, pero hay que aumentar la coordinación con las estructuras locales, que como se dice vulgarmente, «van por barrios»: en algunos casos funciona pero en otros no. Probablemente sea hora de crear una Junta Metropolitana de Seguridad.

Un segundo aspecto es el tema climático en algunos subórdenes de temas como son la energía, la gestión del aire y la contaminación; la imperiosa y urgente necesidad de combatir el cambio climático con políticas de descarbonización, etc. Porque el área metropolitana, por ejemplo, sólo podría ser capaz de producir el 40% de consumo doméstico en base renovables siendo muy pero que muy optimistas y en un horizonte bastante lejano, pero que necesitará el consenso de las comunidades de propietarios, no siempre fácil de obtener. Pero aquí, en la gestión del agua y la contaminación, es necesario realizar un esfuerzo más serio de coordinación, así como también en el tema residuos. El problema es que el AMB tiene una articulación institucional, pero la región no, y algunas de las necesidades e intereses comunes son gestionados por Consejos Comarcales, lo que exige una mayor coordinación.

El tercer aspecto es el de las movilidad, que ya tiene un primer paso con el traspaso del Cercanías, aunque todavía queda mucho por hacer en la reorganización de todo el entramado de transporte. Aquí, tanto la Autoritat Metropolitana del Transport como la propia AMB debe superar una visión corta y reducida del sistema tarifario y poner en el centro del debate la movilidad en todos sus aspectos. Aparte, la dimensión global de la movilidad metropolitana no puede reducirse al ámbito del actual AMB, lo que no significa integrar los sistemas de gestión, pero sí tomar en alguna instancia una dimensión global.

Un cuarto aspecto hace referencia al problema de la vivienda. En este tema conviene dar saltos muy importantes, aunque aquí hay que dar un matiz muy significativo relacionado con el problema de la financiación y la disposición de suelo, que son los dos principales problemas que tiene hoy en día la vivienda en nuestro país, y que es necesario superar mediante una mayor participación de los presupuestos estatales que se le dedican. Se debería subir al menos un punto de recursos del Estado hacia la construcción de viviendas para poder resolver en parte los graves problemas actuales, pero también debe exigirse a los ayuntamientos que impulsen políticas de disposición de suelo , con lo que seguramente debería revisarse la legislación urbanística para poder realmente dar respuesta a los problemas actuales.

El quinto aspecto es el tema institucional en tres grandes ámbitos: la representatividad en los órganos de gobierno de una metrópoli; la coordinación interinstitucional; y la disposición de los presupuestos adecuados a las necesidades, ya que no es de recibo que las partidas económicas dedicadas al mundo local (y, por tanto, metropolitano, ya que debemos recordar que la metrópoli es el nivel superior y coordinador del mundo local) estén diez puntos por debajo de lo que representan en Europa.

Y, por supuesto, el tema de la desigualdad, con sus problemas asociados vinculados a las políticas sociales; la prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios; la integración de personas inmigradas -evitando el crecimiento de las actitudes xenófobas y reaccionarias-; las prestaciones por sectores altamente vulnerables como la gente muy mayor y personas con gran dependencia, etc. En todo esto, la coordinación y una cierta homogeneidad en las prestaciones se hacen imprescindibles para no crear agravios por simples razones de empadronamiento.

Por otra parte, la mejor manera de garantizar que todo el sistema funcione es aplicando políticas de mayor proximidad. Y no hay política más de proximidad que la de acercar al mundo local y metropolitano la gestión de competencias. Por lo tanto, bienvenido sea el debate sobre gestión de competencias que, en su momento, muy correctamente planteó el alcalde Collboni en una conferencia en Barcelona ante Fomento de Trabajo Nacional. Y añadimos, en toda su magnitud. Es decir, con el Govern pero también con el Gobierno del Estado. Más coordinación, mayor interacción, más relectura de competencias, más nuevas disposiciones.

En el caso catalán también es necesario hacer una observación importante, y es la que hace referencia al tema de los conflictos que a veces se derivan de la interacción entre la región y la comunidad autónoma. No debemos olvidar que la región representa el 66% de la población y más de un 70% de la actividad económica, lo que requiere una mayor coordinación entre los dos ámbitos, la metrópolis, con el modelo de gobernanza que tome, y el gobierno catalán.

Como conclusión habría que apuntar que, ante estos retos enormes y de realidades complejas, faltaría ahora demostrar que las voluntades van de acuerdo con estas nuevas situaciones. Podríamos ampliarlo con otros temas igualmente importantes, como la gestión del agua, la escuela o las políticas sanitarias. Y, por supuesto, el cambio demográfico. Pero tampoco es cuestión de hacer una lista interminable de aquellos temas en los que se hace imprescindible hoy en día trabajar de forma coordinada y proactiva.

En cualquier caso, lo que invocamos es una señal de alerta de la complejidad del tema, con la necesidad perentoria de abordarlo en breve, pero sin precipitaciones. Es muy probable que en algunos casos no sea simple. Tampoco se han incluido las articulaciones singulares con los actores implicados en cada caso, ya sean sociedad civil, agentes socioeconómicos, stakeholders o la propia ciudadanía en procesos participativos. Lo importante es no dejar que el tema se vaya enrareciendo, que pierda sentido o que aumenten las confusiones, porque, a la larga, lo que se pierde es la credibilidad del sistema, siendo pasto respaldado por tentaciones demagógicas, iliberales y reaccionarias, que solo alimentan a los extremismos, especialmente los de ultraderecha.

Por Héctor Santcovsky, sociólogo. Experto en políticas públicas

Vivimos en una era de complejidades e incertidumbres. Es muy difícil no pensar que, en este momento histórico, los temas de gobernanza aparecen frente a retos concretos que afectan a una gestión compleja de territorios con problemáticas muy importantes en cuanto a desigualdad, cambio climático o necesidades de crecimiento inclusivo. Y, en este contexto, la gobernanza vuelve al debate público de forma sistemática.

Es cierto que a veces parece que el debate sobre este concepto esconda la existencia de otros problemas más importantes en el ámbito de la gestión de las instituciones, y no se puede negar que, en determinados momentos, hablar de gobernanza ayuda a discutir sobre temas que, a veces, tienen que ver más con los problemas de la crisis de la democracia o de la propia legitimidad democrática que en cómo debe gestionarse la cosa pública.

Por eso, en el momento de introducir el debate sobre cuáles son los retos de la gobernanza en un sistema metropolitano, se hace muy necesario precisar si de lo que estamos hablando es de un modelo de gestión con implicación de diversos sectores, de la idoneidad de un sistema de la articulación institucional o de la concurrencia de diversas instituciones en la gestión de un problema.

O, simplemente, como en el caso metropolitano, de si la dimensión y la composición institucional es la más adecuada para responder a la realidad que se encuentra y que ha conformado las causas que generaron la creación de esta entidad.

Por otra parte, la propia existencia de una institución (AMB) dentro de una realidad territorial más amplia (la Región Metropolitana), hace también que se note más la diferencia de pertenecer o no a la institución existente, y en algunos casos, incluso, se vea la no pertenencia a esta entidad como un agravio comparativo. En este sentido, el AMB es un elemento que evidencia de forma fehaciente la necesidad de plantear una política metropolitana.

La dimensión y complejidad de muchos de los problemas urbanos de territorios definidos como metropolitanos exige pensarlo en esta escala geográfica, aunque sólo sea por políticas comparadas, ya que las grandes capitales y ciudades del mundo cuentan con instituciones metropolitanas. Con organizaciones y competencias no homogéneas sí, pero atacando problemas comunes: promoción económica, transporte, tratamiento final de residuos, gestión de servicios de agua y energía.

El sistema de elección de los cargos políticos, el debate sobre las competencias, la decisión sobre qué instituciones deben participar o su financiación cada cierto período de tiempo aparece en la agenda pública. El problema es que la gobernanza, por la propia naturaleza de lo que significa y comprende, no cuenta con modelos homologados o de referencia, y de hecho, al menos en nuestro país y en nuestra región, aparece como un elemento que, en veces, se convierte como un issue de agenda pública. Y, aquí, la pregunta que hay que formularse es si realmente la indefinición de la gobernanza de forma precisa constituye un obstáculo que impide el avance de un territorio.

La gobernanza puede entenderse desde las diversas realidades territoriales y de los diferentes sistemas políticos, y esto hace complejo definir un modelo concreto y unívoco. En unos casos tenemos un territorio con una ciudad fuerte en el epicentro metropolitano que actúa y provoca fenómenos centrífugos y centrípetos, según el caso, en los servicios, la población, la calidad de vida, la tipología de empleo, fenómenos que a la vez provocan realidades complejas y muy distintas.

En otras situaciones, sin embargo, encontramos metrópolis que son capitales con mucha presencia cultural e histórica combinados con barrios satélites sin identidad ni tradición. Pero también encontramos metrópolis que son simples anexiones de barrios continuos, como se da en muchos casos en América. O casos en los que existen metrópolis formadas por unidades municipales relativamente pequeñas o medianas como es el caso de Tokio, Santiago, Lima o Londres pero donde el núcleo central histórico es el que prima a pesar de no ser el lugar donde pueden estar los centros de decisión , o el grueso de la población. Son los que «dan nombre» al espacio metropolitano sin tener otra propiedad que la de ser el espacio donde se encuentran las instituciones con más tradición histórica, o simplemente donde está la sede del gobierno, o cualquier otra condición similar.

El caso de la Barcelona metropolitana es singular por otras razones. En primer lugar, porque la principal ciudad en población representa a una tercera parte de la población de su región, y la mitad de la principal unidad administrativa reconocida (AMB), siendo también la capital de Catalunya y el motor económico del país. Aparte, nadie pondrá en duda su peso cultural e histórico. Pero también debemos reconocer que los municipios que rodean Barcelona en general, quizás con la única excepción de Badia del Vallès por su juventud como ciudad, son todos municipios con una identidad fuerte, raíces importantes, una historia local en algunos casos milenaria y entramados sociales y culturales muy potentes en el ámbito local.

Teniendo en cuenta todos estos factores descritos, la pregunta que se debe hacer es cuáles son los retos de gobernanza que tiene un territorio como Barcelona en su dimensión regional, y cómo se afrontan los diversos debates que, a veces, cuestionan el modelo actual del Área Metropolitana respecto a la elección de las autoridades, las competencias o ciertos temas de gestión como el transporte o el agua, por poner dos ejemplos actualmente en el candelero.

La pregunta, pues, que nos interroga sería qué razones y en qué términos debemos definir la gobernanza de la región metropolitana, si es un tema de arquitectura institucional, de redefinición de competencias, de sistemas de elección, o lo que se pueda considerar como lo más adecuado.

La cuestión de la gobernanza, si excluimos el juego político de cuando las alianzas responden a un nivel superior (por ejemplo, posibles pactos entre PSOE y ERC por la gobernabilidad de España que podrían tener algún efecto en Catalunya), se mide siempre de la asimismo según las temáticas que se tratan, insistiendo a veces más allá de complejidades políticas, no exentas muchas veces de conflictos de ego de sus protagonistas.

En realidad, el debate cobra una dimensión importante cuando nos preguntamos sobre las problemáticas concretas y cómo abordarlas. Algunos ejemplos nos hacen preguntarnos en qué tiene que ver la vivienda con la recogida de residuos, o con el modelo de gestión y, sobre todo, en la financiación. O el transporte y la promoción económica con el modelo de dotación de recursos. O la educación con competencias municipales no pedagógicas, o en materia de guarderías. Por tanto, cuando hablamos de gobernanza, deberíamos valorar otros criterios y conceptos. Si incluimos el principio de subsidiariedad y eficiencia, el debate conceptual de la gobernanza exige cambiar de parámetros de análisis. Con la realidad añadida de que todos los problemas y reclamos, sean locales, autonómicos e incluso estatales, terminan casi siempre en el despacho del alcalde o la alcaldesa, que es otro de los grandes problemas de los conflictos competenciales, ya que lo que busca la ciudadanía, objetivamente hablando, es una ventanilla de escucha o queja de proximidad a la que acceder con cierta facilidad, y qué no será otra que la municipal.

Para pensar la gobernanza metropolitana habría que dar algunos pasos en la línea de un rápido diagnóstico de todos los campos en los que existen intersecciones competenciales que deben aclararse que no son unívocos. Por ejemplo, las interacciones entre el municipio y la autoridad metropolitana, entre la autoridad metropolitana y la autonomía, entre ambos y la Diputación, entre la autoridad metropolitana y la región, y así sucesivamente con todos y cada uno de los espacios que generan momentos de colisión, acuerdo, pacto o colaboración. En esta misma perspectiva es imprescindible empezar a definir qué significa una gobernanza multinivel en un espacio como el metropolitano.

Y en la misma óptica, para hablar efectivamente de gobernanza, quedarían pendientes estas intersecciones con la sociedad, con los stakeholders –que no siempre es la sociedad civil quien pretende representarlas, y cada vez menos–, con los agentes socioeconómicos –que representan otro colectivo no igual a la sociedad civil– y, en muchos casos, la propia ciudadanía.

En síntesis, es necesario pensar una gobernanza en un nuevo mapa de relaciones e interacciones. Y también hay que evitar otra tendencia, muy heredera de los años 80, especialmente en cierta izquierda, que es que la participación y la interacción debe hacerse con los fidelizados y más “activos”, que no quiere decir los más representativos. Pero tampoco debemos deslumbrarnos en que lo que sólo representa a la sociedad sean las “fuerzas vivas”. Debemos pensar en una gobernanza multifacética, compleja, pero no por eso necesariamente complicada.

«la mejor manera de garantizar que todo el sistema funcione es aplicando políticas de mayor proximidad. Y no hay política más de proximidad que la de acercar al mundo local y metropolitano la gestión de competencias.»

 

 

Para intentar aclararlo un poco más, podríamos valorar seis ámbitos (presentados de forma no jerárquica) en los que es necesario superar la situación actual e ir hacia nuevos modelos de colaboración y gobernanza diversa.

Un primer tema puede ser el de la seguridad, en el que se ha avanzado mucho pero donde todavía faltan muchas decisiones, la más importante es cómo estructurar un modelo de seguridad metropolitano que sobrepase los límites del área metropolitana de Barcelona. Los intentos de la estructura de Mossos han sido un paso, pero hay que aumentar la coordinación con las estructuras locales, que como se dice vulgarmente, «van por barrios»: en algunos casos funciona pero en otros no. Probablemente sea hora de crear una Junta Metropolitana de Seguridad.

Un segundo aspecto es el tema climático en algunos subórdenes de temas como son la energía, la gestión del aire y la contaminación; la imperiosa y urgente necesidad de combatir el cambio climático con políticas de descarbonización, etc. Porque el área metropolitana, por ejemplo, sólo podría ser capaz de producir el 40% de consumo doméstico en base renovables siendo muy pero que muy optimistas y en un horizonte bastante lejano, pero que necesitará el consenso de las comunidades de propietarios, no siempre fácil de obtener. Pero aquí, en la gestión del agua y la contaminación, es necesario realizar un esfuerzo más serio de coordinación, así como también en el tema residuos. El problema es que el AMB tiene una articulación institucional, pero la región no, y algunas de las necesidades e intereses comunes son gestionados por Consejos Comarcales, lo que exige una mayor coordinación.

El tercer aspecto es el de las movilidad, que ya tiene un primer paso con el traspaso del Cercanías, aunque todavía queda mucho por hacer en la reorganización de todo el entramado de transporte. Aquí, tanto la Autoritat Metropolitana del Transport como la propia AMB debe superar una visión corta y reducida del sistema tarifario y poner en el centro del debate la movilidad en todos sus aspectos. Aparte, la dimensión global de la movilidad metropolitana no puede reducirse al ámbito del actual AMB, lo que no significa integrar los sistemas de gestión, pero sí tomar en alguna instancia una dimensión global.

Un cuarto aspecto hace referencia al problema de la vivienda. En este tema conviene dar saltos muy importantes, aunque aquí hay que dar un matiz muy significativo relacionado con el problema de la financiación y la disposición de suelo, que son los dos principales problemas que tiene hoy en día la vivienda en nuestro país, y que es necesario superar mediante una mayor participación de los presupuestos estatales que se le dedican. Se debería subir al menos un punto de recursos del Estado hacia la construcción de viviendas para poder resolver en parte los graves problemas actuales, pero también debe exigirse a los ayuntamientos que impulsen políticas de disposición de suelo , con lo que seguramente debería revisarse la legislación urbanística para poder realmente dar respuesta a los problemas actuales.

El quinto aspecto es el tema institucional en tres grandes ámbitos: la representatividad en los órganos de gobierno de una metrópoli; la coordinación interinstitucional; y la disposición de los presupuestos adecuados a las necesidades, ya que no es de recibo que las partidas económicas dedicadas al mundo local (y, por tanto, metropolitano, ya que debemos recordar que la metrópoli es el nivel superior y coordinador del mundo local) estén diez puntos por debajo de lo que representan en Europa.

Y, por supuesto, el tema de la desigualdad, con sus problemas asociados vinculados a las políticas sociales; la prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios; la integración de personas inmigradas -evitando el crecimiento de las actitudes xenófobas y reaccionarias-; las prestaciones por sectores altamente vulnerables como la gente muy mayor y personas con gran dependencia, etc. En todo esto, la coordinación y una cierta homogeneidad en las prestaciones se hacen imprescindibles para no crear agravios por simples razones de empadronamiento.

Por otra parte, la mejor manera de garantizar que todo el sistema funcione es aplicando políticas de mayor proximidad. Y no hay política más de proximidad que la de acercar al mundo local y metropolitano la gestión de competencias. Por lo tanto, bienvenido sea el debate sobre gestión de competencias que, en su momento, muy correctamente planteó el alcalde Collboni en una conferencia en Barcelona ante Fomento de Trabajo Nacional. Y añadimos, en toda su magnitud. Es decir, con el Govern pero también con el Gobierno del Estado. Más coordinación, mayor interacción, más relectura de competencias, más nuevas disposiciones.

En el caso catalán también es necesario hacer una observación importante, y es la que hace referencia al tema de los conflictos que a veces se derivan de la interacción entre la región y la comunidad autónoma. No debemos olvidar que la región representa el 66% de la población y más de un 70% de la actividad económica, lo que requiere una mayor coordinación entre los dos ámbitos, la metrópolis, con el modelo de gobernanza que tome, y el gobierno catalán.

Como conclusión habría que apuntar que, ante estos retos enormes y de realidades complejas, faltaría ahora demostrar que las voluntades van de acuerdo con estas nuevas situaciones. Podríamos ampliarlo con otros temas igualmente importantes, como la gestión del agua, la escuela o las políticas sanitarias. Y, por supuesto, el cambio demográfico. Pero tampoco es cuestión de hacer una lista interminable de aquellos temas en los que se hace imprescindible hoy en día trabajar de forma coordinada y proactiva.

En cualquier caso, lo que invocamos es una señal de alerta de la complejidad del tema, con la necesidad perentoria de abordarlo en breve, pero sin precipitaciones. Es muy probable que en algunos casos no sea simple. Tampoco se han incluido las articulaciones singulares con los actores implicados en cada caso, ya sean sociedad civil, agentes socioeconómicos, stakeholders o la propia ciudadanía en procesos participativos. Lo importante es no dejar que el tema se vaya enrareciendo, que pierda sentido o que aumenten las confusiones, porque, a la larga, lo que se pierde es la credibilidad del sistema, siendo pasto respaldado por tentaciones demagógicas, iliberales y reaccionarias, que solo alimentan a los extremismos, especialmente los de ultraderecha.

ALTRES ARTICLES