LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, LA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL MODELO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA

Por Francesc Castellana Aregall, Presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona

A menudo hablamos de las externalidades del modelo productivo, de si son positivas o negativas, y lo hacemos únicamente en la relación entre la actividad productiva privada y su entorno físico, o en el mercado en que opera, ya sea en la perspectiva del consumo interno o de la exportación.
En este artículo queremos iniciar una reflexión sobre las externalidades no tan visibles que se producen en las actividades privadas y públicas, por la producción de bienes y servicios y en sus retornos, económicos o sociales. Más concretamente, en los posibles impactos que produce el Pilar Social Europeo en el sistema económico y social en el territorio metropolitano de Barcelona, así como en el modelo productivo y en el ámbito social y/o de interés general.
Queremos mostrar que si las empresas y las administraciones interactúan pueden producir externalidades positivas y negativas. Si las empresas mejoran los sistemas retributivos, las condiciones laborales, el cuidado y las carreras profesionales de sus empleados y minimizan las transiciones laborales a las imprescindibles, entonces aportan no sólo mejor rendimientos en la producción de valor, sino que también aumentan la cohesión social y el crecimiento del entorno económico. Si las administraciones favorecen la empleabilidad de las personas, ayudan a la cobertura adecuada de las posiciones laborales vacantes. La empleabilidad de las personas tiene una relación directa con el nivel de formación que requiere el puesto de trabajo y también de la disponibilidad personal. Conseguir o no una buena empleabilidad afecta a la eficacia y eficiencia de las políticas de educación, de derechos sociales y su protección, de salud y también de las políticas activas de empleo.
La colaboración entre los operadores económicos públicos y/o privados debe ser complementaria al refuerzo necesario del diálogo social, porque es éste el que favorece que haya un contexto favorable a los cambios o ajustes basados en un crecimiento económico equilibrado y justo con la plena inclusión de todas las personas y el respeto al entorno natural por su sostenibilidad.
El territorio es el espacio físico donde se producen las relaciones humanas y económicas por la producción de bienes y servicios y, por tanto, es determinante en sus capacidades, en su cohesión social y en la contribución en la corrección de las desigualdades sociales extremas en el marco de un objetivo social de equilibrio. El diálogo social pone en el territorio el contexto necesario para que las relaciones de producción favorezcan el interés general.

“Se necesitan acuerdos sociales y un sistema de gobernanza colaborativa de las diferentes administraciones para trabajar, avanzar y alcanzar un mayor equilibrio social y económico»

El Pilar Social Europeo
La construcción europea es el reto político, económico y social más importante para la democracia española, para su ciudadanía y su convivencia. Lo es dentro de un mundo inmerso en grandes cambios geoestratégicos, tanto en la economía y su relación con el medio natural, como en la política.
La dimensión territorial y humana de la Unión Europea, en su peso demográfico, político y económico le permite actuar en una escala competitiva en un mundo donde los intercambios son cada vez más globales. Resulta fundamental para Europa conseguir el éxito en estos retos, su productividad y competitividad, que necesita de los niveles de mejora necesarios para ampliar la rentabilidad de la inversión pública y privada.
Para conseguir estos éxitos, es necesario un modelo social inclusivo y equilibrado que elimine las amenazas a su necesaria cohesión social y que lo haga progresivamente, empezando por las desigualdades extremas y la exclusión social de partes importantes de su población, a la vez que se garanticen las oportunidades para todos para contribuir a ello.
La singularidad de la Unión Europea en el mundo, tanto por su modelo económico como por el social, supone, en su desarrollo, riesgos y oportunidades. Sus referencias democráticas son ejemplares frente a los modelos autocráticos, y también lo es la libre concurrencia en los mercados, en contra del dirigismo político en el ámbito económico. Impulsar Intenta promover el necesario equilibrio de rentas para alento de la justicia social contra las desigualdades extremas y la fragmentación social.
Sólo la protección permanente de una competencia justa y la justicia social como objetivos económicos y sociales en el modelo de desarrollo pueden fundamentar la base de un sistema democrático que integre e incluya a todos, sin olvidar al mismo tiempo que debe ser también capaz de motivar para compartir sus esfuerzos individuales y colectivos en la búsqueda del éxito del sistema económico compartido.
La Carta Social Europea (revisada), también llamada la «Constitución Social Europea», ha sido ratificada por España en el año 2021, y es un referente por su política social. Se trata de un tratado internacional del Consejo de Europa, que quiere garantizar los derechos sociales de la ciudadanía europea y que tiene como objetivo una Europa más justa y equitativa donde todas las personas tengan las mismas oportunidades.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFDUE) no limita su alcance a los derechos sociales y económicos, sino que también contempla los derechos civiles y políticos de la ciudadanía europea. La CDFUE tiene el mismo valor jurídico que el Tratado de la Unión Europea y por ello tiene indudables efectos jurídicos sobre la legislación española, reforzando todos los derechos económicos, sociales y políticos reconocidos a la ciudadanía.
La complementariedad de la Carta Social y la de Derechos Fundamentales da a Europa, a todas sus instituciones, un marco común de principios, valores y obligaciones por sus políticas que en su desarrollo concreto. El Pilar Social Europeo en este marco se concreta en el año 2017 en tres ejes: Igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo, mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas, y apoyo público e inclusión social. Y, más concretamente, en las siguientes 12 áreas: 1. -Abandono prematuro de la educación, 2.- Igualdad de género, 3.- Desigualdad y movilidad ascendente, 4.-Condiciones de vida y pobreza, 5.-Jóvenes, 6.- Estructura de la fuerza laboral, 7.- Dinámica del mercado laboral, 8.- Ingresos, incluidos los relacionados con el empleo. 9.- Impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza, 10.- Cuidado de la primera infancia, 11.- Cuidado de la salud, 12.- Acceso digital.
Este documento ha sido el resultado del diálogo social entre sindicatos y empresas y es la base de este proceso político que se ha concretado en La Carta Social Europeo, la Carta de Derechos Fundamentales y las acciones del Pilar Social Europeo. Concretar el Pilar Social Europeo en todos los territorios económicos es un objetivo europeo y hacerlo en nuestro ámbito la Región Metropolitana Barcelona de Barcelona (RMB) es un reto de gobernanza para las instituciones y el diálogo social.

La Regió Metropolitana Barcelona
El reto más compartido del territorio metropolitano es el de avanzar hacia una verdadera Región Metropolitana multicéntrica, con varios epicentros de actividad económica que reafirme el peso específico de la Región a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Su estructuración administrativa dispersa en diferentes niveles supone un reto adicional de coordinación interadministrativa que requiere una gobernanza compartida.
En el caso de Barcelona, la Región metropolitana de Barcelona (RMB), tal y como está definida en el Plan territorial metropolitano de Barcelona, está formada por Barcelona y 163 municipios que la rodean (el conjunto de las comarcas de L’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental), y se corresponde en gran medida con el ámbito funcional de Barcelona identificado con la metodología Eurostat de las Áreas Urbanas Funcionales.Como es fácil intuir, la RMB constituye la principal aglomeración de población y económica no sólo de Cataluña, sino que también de España y de las primeras de Europa. La RMB concentra 5.268.978 habitantes, que representan el 67% de la población de Cataluña, y una producción que representa el 70% del PIB de Cataluña.
En términos de mercado de trabajo, la RMB concentra el 71% de los puestos de trabajo de Cataluña con un peso muy importante del núcleo central de la RMB, ya que sólo los 36 municipios que forman el AMB representan el 52% de los puestos de trabajo de Cataluña.
Se observa cómo dentro de la evolución demográfica aumenta el crecimiento de la migración, especialmente de población procedente de países fuera de la Unión Europea. Este incremento migratorio está impulsado por las oportunidades laborales que ofrece Barcelona y la Región Metropolitana. Además de los motivos económicos, la migración actual también responde a factores medioambientales, políticos, conflictos bélicos a escala global y el atractivo internacional que ejerce la ciudad.
La RMB es, por tanto, un núcleo esencial de actividad económica y poblacional. La RMB es reconocida como una de las principales áreas urbanas funcionales de Europa, siendo un núcleo importante en Cataluña y España.La RMB concentra una gran parte las empresas de Cataluña, el 66% con una densidad empresarial significativa y de las actividades intensivas en conocimiento e innovación. Destaca por su presencia en sectores intensivos en conocimiento, con el 76% de los trabajadores dedicados a estas actividades y el 83% de las solicitudes de patentes europeas.
Las tendencias ocupacionales en la RMB son de un intenso crecimiento que se fundamenta en un crecimiento de la población migrante que contrasta en una menor intensidad en la disminución del desempleo de la población autóctona.
El paro se reduce en los sectores jóvenes más formados y, en cambio, se mantienen las personas con un nivel más bajo de formación. En definitiva, el modelo laboral es dual, positivo para los niveles superiores o medios de formación, y con riesgos de exclusión para las personas sin los niveles básicos.
Si bien en términos de desigualdades éstas han dejado de aumentar, como lo venían haciendo, lo cierto es que los datos de los indicadores actuales son preocupantes.
Finalmente, el anómalo precio de las viviendas y su crecimiento, por encima de la media de la evolución de la inflación, pone en evidencia los grandes desajustes en la oferta inmobiliaria, muy tensionada por la baja oferta, concretamente de la oferta pública, y una creciente demanda por usos turísticos, población flotante, y el incremento de residentes.
La construcción y gestión de las viviendas es el elemento que más claramente determina el bienestar social y al mismo tiempo el que fundamenta las posibilidades de consolidación y el crecimiento económico. Consideramos que la gestión migratoria y de la vivienda son los principales desafíos del sistema económico y social metropolitano. Una gestión prioritaria en estos temas, que debe añadirse a otros retos pendientes, el abandono o fracaso escolar que dejan a muchas personas con bajos niveles educativos, las desigualdades sociales extremas, las disfuncionalidades urbanísticas que generan barrios marginales y finalmente una falta de gestión de movilidad global que garantice la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía en todo el territorio.
El crecimiento y la desigualdad van juntos y también el equilibrio y el valor añadido, el paradigma que se debe conseguir es que las sociedades estén mejor organizadas económica y socialmente, combinando el crecimiento y el equilibrio en su base social y económica, corrigiendo las desigualdades y aumentando el valor añadido de su modelo productivo.

La colaboración del sector público y del sector privado
La educación, la salud, la vivienda, el trabajo como ingreso y como ejercicio, los programas sociales y la autonomía personal y la digitalización son las prioridades políticas de los poderes políticos para la promoción social y de autonomía personal de las personas, y el tejido productivo es un beneficiario indirecto y no sólo un contribuyente en su aportación fiscal.
Las políticas públicas se organizan por las diferentes instituciones metropolitanas en servicios o programas. Coordinarse y cooperar entre ellas para conseguir su integralidad debería ser exigible siempre en busca de mejorar su impacto, su eficacia, así como su eficiencia.

Transito educación trabajo
En la transición escuela-trabajo de los jóvenes comprobamos que el abandono o el fracaso escolar para una parte de los jóvenes es cada vez menor si lo miramos con una perspectiva histórica, pero se mantiene importante. Somos conscientes de que el abandono prematuro supone para las personas que lo sufren arrastrar un déficit formativo de por vida, sitúa a las personas afectadas a una baja autonomía personal y a una mayor dependencia de los programas sociales. Pero también significa para las empresas una baja formación del talento de las personas o una dificultad para cubrir posiciones laborales. Si las administraciones involucraran a las empresas en la definición y la gestión de los programas de transición producirían una minimización de la frustración del tráfico adecuado a las personas y facilitarían cubrir posiciones laborales en las empresas, y sobre todo procurarían más autonomía personal a los jóvenes. Pero si las empresas tuvieran programas de captación y gestión del talento de forma sistematizada facilitarían una información a las administraciones educativas para que éstas pudieran alinear las transiciones a las necesidades de las posiciones laborales que deberán cubrirse.

Vivienda
La vivienda es un elemento esencial para la autonomía de las personas. Su producción genera empleo en primer lugar, y proporciona también un bien de primera necesidad. La vivienda es reconocida en la constitución como un bien social y también un bien privado. Hay un sistema de producción en el mercado ordinario y otro de promoción pública, pero ambos no tienen hoy por hoy la capacidad de satisfacer la demanda, y eso sucede junto con un modelo de gestión que no garantiza el uso social de la vivienda. Todo ello, hace que los precios se comporten de forma anómala y desequilibrada en relación a la capacidad adquisitiva de las personas, especialmente las de rentas más bajas. Los efectos de una baja oferta de vivienda puede afectar a la necesidad de alojamiento de las personas que residen de nuevo entre nosotros por motivos laborales temporales. Una fuerte colaboración sector público y sector privado, según los diferentes fines sociales, podría producir un mayor equilibrio en la gestión de la vivienda que procurara una mejora en el derecho a la vivienda, una satisfacción de la demanda ordinaria o pública, y desvanecería el riesgo de afectar negativamente al crecimiento económico y la capacidad adquisitiva de las personas.
Búsqueda de trabajo y cobertura de posiciones laborales vacantes
La captación de capacidad y talento de las empresas es un elemento determinante para la viabilidad de los proyectos empresariales, y más ahora que no habían existido penurias de demanda laboral en los últimos cuarenta años, al contrario, con una demanda por encima de la oferta de posiciones laborales. Las políticas activas de empleo eran consideradas en el antiguo entorno un elemento de atención social y profesionalización a quienes no turbaban trabajo, y en este sentido la activación y protección social ha sido más la gestión paliativa de un derecho social que una real política de inclusión laboral. Hoy, la titularidad pública de la intermediación y la responsabilidad de mejorar la empleabilidad de las personas y el apoyo a las empresas para cubrir rápidamente sus posiciones vacantes exige una rápida interacción en el territorio de ambos para ser eficientes en la perspectiva económica y social.
Las empresas que hacen una buena búsqueda de la capacidad y el talento junto a las instituciones que les deben apoyar producen efectos o tienen consecuencias para la organización social que a menudo determina la acción pública. Ambos podrían beneficiarse de la maximización de sus mutuas externalidad positivas y de la minimización de las negativas. Principalmente al impedir la pérdida de talento y la capacidad de nadie favoreciendo la plena inclusión y la mejora de la productividad y la competitividad en la fuerza de trabajo.

Las políticas sociales.
La mayoría de las prestaciones sociales son públicas, o bien reguladas en un catálogo de servicios y prestaciones económicas. Las políticas públicas en el ámbito social son gestionadas como servicios prestados directamente por las administraciones, o bien mediante conciertos o subvenciones con entidades privadas, sean éstas lucrativas o no. En general, son paliativas de la situación de pobreza o de las necesidades relacionadas con la subsistencia. La renta garantizada o el ingreso mínimo vital son parte del sistema de protección y quieren proporcionar también herramientas o instrumentos para desarrollar y consolidar la autonomía personal. Las desigualdades extremas son producto de los desequilibrios en el modelo económico que provoca grandes niveles de personas desempleadas, diferencias en las retribuciones, y sobre todo por una organización mejorable de las capacidades de producción.
A menudo se establece una relación positiva entre el sector público y el privado a favor del bien social. Seguramente se pueden producir eficiencias en las relaciones de colaboración directas y se pueden buscar sinergias. Aunque la prioridad sería profundizar en las causas que provocan las desigualdades para evitarlas, prevenirlas podría resultar más eficaz y eficiente. Valorada historias de vida satisfactorias tendría efectos multiplicadores para el desarrollo económico y social.

La digitalización
El desarrollo digital es un gran desafío económico, pero también social, y transitar de una sociedad analógica a una sociedad digital es un reto que afecta a la vida de las personas y al desarrollo de los operadores económicos. La digitalización se aborda intensamente en la simplificación o automatización de procesos en la producción de bienes o servicios, y no tanto, o mucho menos, en sus efectos en el qué y en la forma de trabajar y de sus requerimientos, y sobre todo en el acceso al trabajo o a los sistemas digitales.
No se habla de que hay personas analógicas y personas digitales, y las personas analógicas a menudo sufren una discriminación poco visible, pero real. Si los operadores públicos y privados consideraran la situación de discriminación podrían incorporar la necesidad de reducir la brecha digital impulsando la formación de las personas analógicas o mediante sistemas de acompañamiento personal. De pronto, una acción por la digitalización debe incorporar una alfabetización digital para todos.

Conclusión
El diálogo social clásico necesita ser reforzado en la sociedad del siglo XXI, y para ello debe promover nuevos enfoques que permitan a los operadores económicos e institucionales nuevos alineamientos en los objetivos relacionados con el interés general o con los intereses compartidos, especialmente en la observación en el qué y cómo se hacen las cosas y sus externalidades, negativas o positivas, para minimizar las primeras y maximizar las segundas. Pero, sobre todo, para ver las oportunidades de cooperación y colaboración.
El territorio que integra un sistema económico y social amplio y autosuficiente a niveles razonables, como es el caso de la Región Metropolitana de Barcelona, puede avanzar en la concreción de estos objetivos compartidos que son los del Pilar Social Europeo. Hacer de sus objetivos un reto para los operadores económicos y las instituciones supondría un gran avance en la búsqueda de la prosperidad compartida y el progreso colectivo.
Se necesitan acuerdos sociales y un sistema de gobernanza colaborativa de las diferentes administraciones para trabajar, avanzar y alcanzar un mayor equilibrio social y económico, y dirigir la Región Metropolitana de Barcelona hacia un territorio más europeo, donde los principios, ejes, áreas y prioridades determinadas puedan desarrollarse con éxito.
Actuar en esta dirección nos hará más europeos y también dará sentido al serlo como ciudadanos.

Por Francesc Castellana Aregall, Presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona

A menudo hablamos de las externalidades del modelo productivo, de si son positivas o negativas, y lo hacemos únicamente en la relación entre la actividad productiva privada y su entorno físico, o en el mercado en que opera, ya sea en la perspectiva del consumo interno o de la exportación.
En este artículo queremos iniciar una reflexión sobre las externalidades no tan visibles que se producen en las actividades privadas y públicas, por la producción de bienes y servicios y en sus retornos, económicos o sociales. Más concretamente, en los posibles impactos que produce el Pilar Social Europeo en el sistema económico y social en el territorio metropolitano de Barcelona, así como en el modelo productivo y en el ámbito social y/o de interés general.
Queremos mostrar que si las empresas y las administraciones interactúan pueden producir externalidades positivas y negativas. Si las empresas mejoran los sistemas retributivos, las condiciones laborales, el cuidado y las carreras profesionales de sus empleados y minimizan las transiciones laborales a las imprescindibles, entonces aportan no sólo mejor rendimientos en la producción de valor, sino que también aumentan la cohesión social y el crecimiento del entorno económico. Si las administraciones favorecen la empleabilidad de las personas, ayudan a la cobertura adecuada de las posiciones laborales vacantes. La empleabilidad de las personas tiene una relación directa con el nivel de formación que requiere el puesto de trabajo y también de la disponibilidad personal. Conseguir o no una buena empleabilidad afecta a la eficacia y eficiencia de las políticas de educación, de derechos sociales y su protección, de salud y también de las políticas activas de empleo.
La colaboración entre los operadores económicos públicos y/o privados debe ser complementaria al refuerzo necesario del diálogo social, porque es éste el que favorece que haya un contexto favorable a los cambios o ajustes basados en un crecimiento económico equilibrado y justo con la plena inclusión de todas las personas y el respeto al entorno natural por su sostenibilidad.
El territorio es el espacio físico donde se producen las relaciones humanas y económicas por la producción de bienes y servicios y, por tanto, es determinante en sus capacidades, en su cohesión social y en la contribución en la corrección de las desigualdades sociales extremas en el marco de un objetivo social de equilibrio. El diálogo social pone en el territorio el contexto necesario para que las relaciones de producción favorezcan el interés general.

”Se necesitan acuerdos sociales y un sistema de gobernanza colaborativa de las diferentes administraciones para trabajar, avanzar y alcanzar un mayor equilibrio social y económico.” «

 

 

 

El Pilar Social Europeo
La construcción europea es el reto político, económico y social más importante para la democracia española, para su ciudadanía y su convivencia. Lo es dentro de un mundo inmerso en grandes cambios geoestratégicos, tanto en la economía y su relación con el medio natural, como en la política.
La dimensión territorial y humana de la Unión Europea, en su peso demográfico, político y económico le permite actuar en una escala competitiva en un mundo donde los intercambios son cada vez más globales. Resulta fundamental para Europa conseguir el éxito en estos retos, su productividad y competitividad, que necesita de los niveles de mejora necesarios para ampliar la rentabilidad de la inversión pública y privada.
Para conseguir estos éxitos, es necesario un modelo social inclusivo y equilibrado que elimine las amenazas a su necesaria cohesión social y que lo haga progresivamente, empezando por las desigualdades extremas y la exclusión social de partes importantes de su población, a la vez que se garanticen las oportunidades para todos para contribuir a ello.
La singularidad de la Unión Europea en el mundo, tanto por su modelo económico como por el social, supone, en su desarrollo, riesgos y oportunidades. Sus referencias democráticas son ejemplares frente a los modelos autocráticos, y también lo es la libre concurrencia en los mercados, en contra del dirigismo político en el ámbito económico. Impulsar Intenta promover el necesario equilibrio de rentas para alento de la justicia social contra las desigualdades extremas y la fragmentación social.
Sólo la protección permanente de una competencia justa y la justicia social como objetivos económicos y sociales en el modelo de desarrollo pueden fundamentar la base de un sistema democrático que integre e incluya a todos, sin olvidar al mismo tiempo que debe ser también capaz de motivar para compartir sus esfuerzos individuales y colectivos en la búsqueda del éxito del sistema económico compartido.
La Carta Social Europea (revisada), también llamada la «Constitución Social Europea», ha sido ratificada por España en el año 2021, y es un referente por su política social. Se trata de un tratado internacional del Consejo de Europa, que quiere garantizar los derechos sociales de la ciudadanía europea y que tiene como objetivo una Europa más justa y equitativa donde todas las personas tengan las mismas oportunidades.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFDUE) no limita su alcance a los derechos sociales y económicos, sino que también contempla los derechos civiles y políticos de la ciudadanía europea. La CDFUE tiene el mismo valor jurídico que el Tratado de la Unión Europea y por ello tiene indudables efectos jurídicos sobre la legislación española, reforzando todos los derechos económicos, sociales y políticos reconocidos a la ciudadanía.
La complementariedad de la Carta Social y la de Derechos Fundamentales da a Europa, a todas sus instituciones, un marco común de principios, valores y obligaciones por sus políticas que en su desarrollo concreto. El Pilar Social Europeo en este marco se concreta en el año 2017 en tres ejes: Igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo, mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas, y apoyo público e inclusión social. Y, más concretamente, en las siguientes 12 áreas: 1. -Abandono prematuro de la educación, 2.- Igualdad de género, 3.- Desigualdad y movilidad ascendente, 4.-Condiciones de vida y pobreza, 5.-Jóvenes, 6.- Estructura de la fuerza laboral, 7.- Dinámica del mercado laboral, 8.- Ingresos, incluidos los relacionados con el empleo. 9.- Impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza, 10.- Cuidado de la primera infancia, 11.- Cuidado de la salud, 12.- Acceso digital.
Este documento ha sido el resultado del diálogo social entre sindicatos y empresas y es la base de este proceso político que se ha concretado en La Carta Social Europeo, la Carta de Derechos Fundamentales y las acciones del Pilar Social Europeo. Concretar el Pilar Social Europeo en todos los territorios económicos es un objetivo europeo y hacerlo en nuestro ámbito la Región Metropolitana Barcelona de Barcelona (RMB) es un reto de gobernanza para las instituciones y el diálogo social.

La Regió Metropolitana Barcelona
El reto más compartido del territorio metropolitano es el de avanzar hacia una verdadera Región Metropolitana multicéntrica, con varios epicentros de actividad económica que reafirme el peso específico de la Región a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Su estructuración administrativa dispersa en diferentes niveles supone un reto adicional de coordinación interadministrativa que requiere una gobernanza compartida.
En el caso de Barcelona, la Región metropolitana de Barcelona (RMB), tal y como está definida en el Plan territorial metropolitano de Barcelona, está formada por Barcelona y 163 municipios que la rodean (el conjunto de las comarcas de L’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental), y se corresponde en gran medida con el ámbito funcional de Barcelona identificado con la metodología Eurostat de las Áreas Urbanas Funcionales.Como es fácil intuir, la RMB constituye la principal aglomeración de población y económica no sólo de Cataluña, sino que también de España y de las primeras de Europa. La RMB concentra 5.268.978 habitantes, que representan el 67% de la población de Cataluña, y una producción que representa el 70% del PIB de Cataluña.
En términos de mercado de trabajo, la RMB concentra el 71% de los puestos de trabajo de Cataluña con un peso muy importante del núcleo central de la RMB, ya que sólo los 36 municipios que forman el AMB representan el 52% de los puestos de trabajo de Cataluña.
Se observa cómo dentro de la evolución demográfica aumenta el crecimiento de la migración, especialmente de población procedente de países fuera de la Unión Europea. Este incremento migratorio está impulsado por las oportunidades laborales que ofrece Barcelona y la Región Metropolitana. Además de los motivos económicos, la migración actual también responde a factores medioambientales, políticos, conflictos bélicos a escala global y el atractivo internacional que ejerce la ciudad.
La RMB es, por tanto, un núcleo esencial de actividad económica y poblacional. La RMB es reconocida como una de las principales áreas urbanas funcionales de Europa, siendo un núcleo importante en Cataluña y España.La RMB concentra una gran parte las empresas de Cataluña, el 66% con una densidad empresarial significativa y de las actividades intensivas en conocimiento e innovación. Destaca por su presencia en sectores intensivos en conocimiento, con el 76% de los trabajadores dedicados a estas actividades y el 83% de las solicitudes de patentes europeas.
Las tendencias ocupacionales en la RMB son de un intenso crecimiento que se fundamenta en un crecimiento de la población migrante que contrasta en una menor intensidad en la disminución del desempleo de la población autóctona.
El paro se reduce en los sectores jóvenes más formados y, en cambio, se mantienen las personas con un nivel más bajo de formación. En definitiva, el modelo laboral es dual, positivo para los niveles superiores o medios de formación, y con riesgos de exclusión para las personas sin los niveles básicos.
Si bien en términos de desigualdades éstas han dejado de aumentar, como lo venían haciendo, lo cierto es que los datos de los indicadores actuales son preocupantes.
Finalmente, el anómalo precio de las viviendas y su crecimiento, por encima de la media de la evolución de la inflación, pone en evidencia los grandes desajustes en la oferta inmobiliaria, muy tensionada por la baja oferta, concretamente de la oferta pública, y una creciente demanda por usos turísticos, población flotante, y el incremento de residentes.
La construcción y gestión de las viviendas es el elemento que más claramente determina el bienestar social y al mismo tiempo el que fundamenta las posibilidades de consolidación y el crecimiento económico. Consideramos que la gestión migratoria y de la vivienda son los principales desafíos del sistema económico y social metropolitano. Una gestión prioritaria en estos temas, que debe añadirse a otros retos pendientes, el abandono o fracaso escolar que dejan a muchas personas con bajos niveles educativos, las desigualdades sociales extremas, las disfuncionalidades urbanísticas que generan barrios marginales y finalmente una falta de gestión de movilidad global que garantice la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía en todo el territorio.
El crecimiento y la desigualdad van juntos y también el equilibrio y el valor añadido, el paradigma que se debe conseguir es que las sociedades estén mejor organizadas económica y socialmente, combinando el crecimiento y el equilibrio en su base social y económica, corrigiendo las desigualdades y aumentando el valor añadido de su modelo productivo.

La colaboración del sector público y del sector privado
La educación, la salud, la vivienda, el trabajo como ingreso y como ejercicio, los programas sociales y la autonomía personal y la digitalización son las prioridades políticas de los poderes políticos para la promoción social y de autonomía personal de las personas, y el tejido productivo es un beneficiario indirecto y no sólo un contribuyente en su aportación fiscal.
Las políticas públicas se organizan por las diferentes instituciones metropolitanas en servicios o programas. Coordinarse y cooperar entre ellas para conseguir su integralidad debería ser exigible siempre en busca de mejorar su impacto, su eficacia, así como su eficiencia.

Transito educación trabajo
En la transición escuela-trabajo de los jóvenes comprobamos que el abandono o el fracaso escolar para una parte de los jóvenes es cada vez menor si lo miramos con una perspectiva histórica, pero se mantiene importante. Somos conscientes de que el abandono prematuro supone para las personas que lo sufren arrastrar un déficit formativo de por vida, sitúa a las personas afectadas a una baja autonomía personal y a una mayor dependencia de los programas sociales. Pero también significa para las empresas una baja formación del talento de las personas o una dificultad para cubrir posiciones laborales. Si las administraciones involucraran a las empresas en la definición y la gestión de los programas de transición producirían una minimización de la frustración del tráfico adecuado a las personas y facilitarían cubrir posiciones laborales en las empresas, y sobre todo procurarían más autonomía personal a los jóvenes. Pero si las empresas tuvieran programas de captación y gestión del talento de forma sistematizada facilitarían una información a las administraciones educativas para que éstas pudieran alinear las transiciones a las necesidades de las posiciones laborales que deberán cubrirse.

Vivienda
La vivienda es un elemento esencial para la autonomía de las personas. Su producción genera empleo en primer lugar, y proporciona también un bien de primera necesidad. La vivienda es reconocida en la constitución como un bien social y también un bien privado. Hay un sistema de producción en el mercado ordinario y otro de promoción pública, pero ambos no tienen hoy por hoy la capacidad de satisfacer la demanda, y eso sucede junto con un modelo de gestión que no garantiza el uso social de la vivienda. Todo ello, hace que los precios se comporten de forma anómala y desequilibrada en relación a la capacidad adquisitiva de las personas, especialmente las de rentas más bajas. Los efectos de una baja oferta de vivienda puede afectar a la necesidad de alojamiento de las personas que residen de nuevo entre nosotros por motivos laborales temporales. Una fuerte colaboración sector público y sector privado, según los diferentes fines sociales, podría producir un mayor equilibrio en la gestión de la vivienda que procurara una mejora en el derecho a la vivienda, una satisfacción de la demanda ordinaria o pública, y desvanecería el riesgo de afectar negativamente al crecimiento económico y la capacidad adquisitiva de las personas.
Búsqueda de trabajo y cobertura de posiciones laborales vacantes
La captación de capacidad y talento de las empresas es un elemento determinante para la viabilidad de los proyectos empresariales, y más ahora que no habían existido penurias de demanda laboral en los últimos cuarenta años, al contrario, con una demanda por encima de la oferta de posiciones laborales. Las políticas activas de empleo eran consideradas en el antiguo entorno un elemento de atención social y profesionalización a quienes no turbaban trabajo, y en este sentido la activación y protección social ha sido más la gestión paliativa de un derecho social que una real política de inclusión laboral. Hoy, la titularidad pública de la intermediación y la responsabilidad de mejorar la empleabilidad de las personas y el apoyo a las empresas para cubrir rápidamente sus posiciones vacantes exige una rápida interacción en el territorio de ambos para ser eficientes en la perspectiva económica y social.
Las empresas que hacen una buena búsqueda de la capacidad y el talento junto a las instituciones que les deben apoyar producen efectos o tienen consecuencias para la organización social que a menudo determina la acción pública. Ambos podrían beneficiarse de la maximización de sus mutuas externalidad positivas y de la minimización de las negativas. Principalmente al impedir la pérdida de talento y la capacidad de nadie favoreciendo la plena inclusión y la mejora de la productividad y la competitividad en la fuerza de trabajo.

Las políticas sociales.
La mayoría de las prestaciones sociales son públicas, o bien reguladas en un catálogo de servicios y prestaciones económicas. Las políticas públicas en el ámbito social son gestionadas como servicios prestados directamente por las administraciones, o bien mediante conciertos o subvenciones con entidades privadas, sean éstas lucrativas o no. En general, son paliativas de la situación de pobreza o de las necesidades relacionadas con la subsistencia. La renta garantizada o el ingreso mínimo vital son parte del sistema de protección y quieren proporcionar también herramientas o instrumentos para desarrollar y consolidar la autonomía personal. Las desigualdades extremas son producto de los desequilibrios en el modelo económico que provoca grandes niveles de personas desempleadas, diferencias en las retribuciones, y sobre todo por una organización mejorable de las capacidades de producción.
A menudo se establece una relación positiva entre el sector público y el privado a favor del bien social. Seguramente se pueden producir eficiencias en las relaciones de colaboración directas y se pueden buscar sinergias. Aunque la prioridad sería profundizar en las causas que provocan las desigualdades para evitarlas, prevenirlas podría resultar más eficaz y eficiente. Valorada historias de vida satisfactorias tendría efectos multiplicadores para el desarrollo económico y social.

La digitalización
El desarrollo digital es un gran desafío económico, pero también social, y transitar de una sociedad analógica a una sociedad digital es un reto que afecta a la vida de las personas y al desarrollo de los operadores económicos. La digitalización se aborda intensamente en la simplificación o automatización de procesos en la producción de bienes o servicios, y no tanto, o mucho menos, en sus efectos en el qué y en la forma de trabajar y de sus requerimientos, y sobre todo en el acceso al trabajo o a los sistemas digitales.
No se habla de que hay personas analógicas y personas digitales, y las personas analógicas a menudo sufren una discriminación poco visible, pero real. Si los operadores públicos y privados consideraran la situación de discriminación podrían incorporar la necesidad de reducir la brecha digital impulsando la formación de las personas analógicas o mediante sistemas de acompañamiento personal. De pronto, una acción por la digitalización debe incorporar una alfabetización digital para todos.

Conclusión
El diálogo social clásico necesita ser reforzado en la sociedad del siglo XXI, y para ello debe promover nuevos enfoques que permitan a los operadores económicos e institucionales nuevos alineamientos en los objetivos relacionados con el interés general o con los intereses compartidos, especialmente en la observación en el qué y cómo se hacen las cosas y sus externalidades, negativas o positivas, para minimizar las primeras y maximizar las segundas. Pero, sobre todo, para ver las oportunidades de cooperación y colaboración.
El territorio que integra un sistema económico y social amplio y autosuficiente a niveles razonables, como es el caso de la Región Metropolitana de Barcelona, puede avanzar en la concreción de estos objetivos compartidos que son los del Pilar Social Europeo. Hacer de sus objetivos un reto para los operadores económicos y las instituciones supondría un gran avance en la búsqueda de la prosperidad compartida y el progreso colectivo.
Se necesitan acuerdos sociales y un sistema de gobernanza colaborativa de las diferentes administraciones para trabajar, avanzar y alcanzar un mayor equilibrio social y económico, y dirigir la Región Metropolitana de Barcelona hacia un territorio más europeo, donde los principios, ejes, áreas y prioridades determinadas puedan desarrollarse con éxito.
Actuar en esta dirección nos hará más europeos y también dará sentido al serlo como ciudadanos.

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