ESCALA TERRITORIAL Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El reto más importante para la población metropolitana es el mismo que tiene planteado el conjunto de la humanidad: mantener el calentamiento global, el cambio climático, dentro de los límites compatibles con la estabilidad social, la supervivencia humana y el equilibrio de los ecosistemas.
Por Lluís Boada, Doctor en Ciencias Económicas y en Humanidades.
La ”Real Academia Española de la Lengua” define el concepto “área metropolitana” como una “administración territorial integrada por municipios próximos entre los cuales existe una fuerte vinculación económica y social, para llevar conjuntamente la planificación y coordinación de obras y servicios”. El área Metropolitana de Barcelona responde exactamente a esta definición. Lo integran 36 municipios con una superficie total de 636 Km² y una población de 3.239.337 habitantes (2020). Se constituyó el 21 de julio del 2011 sustituyendo como administración pública las tres entidades hasta entonces existentes: la Mancomunidad de Municipios del CON, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Transporte.
Las competencias sobre ecología de la CON afectan a tres ámbitos: el ciclo del agua, los residuos y los servicios ambientales (cambio climático, transición energética y educación ambiental). Las actuaciones en estos tres ámbitos se enmarcan dentro de la planificación estratégica de desarrollo del territorio metropolitano, uno de los objetivos primordiales del CON. El diseño de estrategias se hace propiciando espacios de consenso y concertación con los agentes económicos, sociales e institucionales del territorio. Todo ello se concreta en el Plan de Actuación metropolitana (PALMO) y en la Reflexión estratégica metropolitana (REMO), global y transversal, para definir qué tiene que ser el CON a medio y largo plazo.
Por lo tanto, en el ámbito territorial metropolitano barcelonès las herramientas de planificación y gestión medioambiental están, y se ejercen. De hecho, los éxitos de la planificación estratégica metropolitana y de las consecuentes políticas de medio ambiente y sostenibilidad han estado notables. Hay que reconocerlo antes de plantear algunas vías de superación de los nuevos retos que la evolución de los hechos está comportando.
Actualmente el reto más importante para la población metropolitana es el mismo que tiene planteado el conjunto de la humanidad: mantener el calentamiento global, el cambio climático, dentro de los límites compatibles con la estabilidad social, la supervivencia humana y el equilibrio de los ecosistemas. De esto dependen, en mayor o menor medida, no solo todas las otras cuestiones ambientales, sino también las económicas y sociales.
El cambio climático ha sido reconocido por la Unión Europea como una emergencia, y es objeto de una línea estratégica primordial de sus políticas. Consecuentemente, dentro del ámbito de la UE las actuaciones para hacer frente en cada escala territorial, según el principio de subsidiariedad, podrían disponer de aval político y de recursos técnicos y económicos por su implementación efectiva.
De las consideraciones anteriores emana la necesidad de hacer dos órdenes de precisiones. Primeramente, por la naturaleza del reto climático, las políticas a llevar a cabo no se restringen a las actuaciones caracterizadas hasta ahora como “medioambientales”; tendrían que ser de carácter transversal y, para gestionarlas, se tienen que superar las divisiones administrativas existentes. Conseguirlo no es fácil porque se tienen que vencer inercias muy incrustadas en las mentalidades, en la tradición administrativa departamental y en los presupuestos. Aun así, es posible hacerlo. La clave es entender que estamos ante una cuestión de política general y no sectorial, y que hay que contar con el apoyo político de las máximas autoridades en las diferentes administraciones y que todos los departamentos trabajen coordinadamente.
“La naturaleza de los hechos implicados en el cambio climático obliga a transcender las divisiones administrativas horizontales, también pose en cuestión la funcionalidad de las divisiones administrativas verticales, es decir, territoriales.” |
En segundo lugar, la naturaleza global del reto climático y su evolución ponen permanentemente en cuestión la idoneidad del ámbito territorial que tiene que planificar y gestionar las actuaciones para hacer frente. Desde que la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 impulsó la elaboración de Agendas 21, el leit motiv “pensar globalmente, actuar localmente” ha sido una guía de la planificación y actuación medioambiental desde la escala planetaria hasta la municipal.
En definitiva, del mismo modo que la naturaleza de los hechos implicados en el cambio climático obliga a transcender las divisiones administrativas horizontales, también pose en cuestión la funcionalidad de las divisiones administrativas verticales, es decir, territoriales. Por ejemplo, la delimitación de una área metropolitana puede haber perdido cierta vigencia. Podría tratarse de un proceso de la misma naturaleza que aquel que llevó los municipios a decidir constituirla para optimizar determinadas funciones que compartían. Puede ser que en algunos aspectos lo siga siendo, pero aquello fundamental es que el proceso que tenemos que encarar ahora es de otra dimensión: la transición ecológica de todo un sistema y de la misma sociedad.
Para gestionar este nuevo proceso hace falta también un cambio de escala territorial. En efecto, trasponer el concepto y la estructura administrativa de área metropolitana a un número superior de municipios comprendidos, más o menos arbitrariamente, dentro de una futura “región metropolitana” no nos parece que sea la solución más adecuada.
Por el contrario, sostenemos que la “región metropolitana” más adecuada para planificar y gestionar la transición ecológica necesaria para hacer frente al cambio climático y mejorar la economía y la sociedad futuras es la región propiamente dicha, es decir, Cataluña: un ámbito territorial complejo y socialmente viable que dispone de un estatus político y administrativo mejorable, pero legítimo y consolidado. Justificar esta hipótesis como se merece no es posible hacerlo en el espacio de este papel. Aun así no dudamos al presentarla aquí y ahora con el convencimiento de que el país contiene los elementos que permitirán de confirmarla como una tesis fértil y esperanzadora.
Lluís Boada es Doctor en Ciencias Económicas y en Humanidades. Es experto en planificación estratégica de desarrollo sostenible. Fue Director de los Programas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona (1991-2000).
Por Lluís Boada, Doctor en Ciencias Económicas y en Humanidades.
La ”Real Academia Española de la Lengua” define el concepto “área metropolitana” como una “administración territorial integrada por municipios próximos entre los cuales existe una fuerte vinculación económica y social, para llevar conjuntamente la planificación y coordinación de obras y servicios”. El área Metropolitana de Barcelona responde exactamente a esta definición. Lo integran 36 municipios con una superficie total de 636 Km² y una población de 3.239.337 habitantes (2020). Se constituyó el 21 de julio del 2011 sustituyendo como administración pública las tres entidades hasta entonces existentes: la Mancomunidad de Municipios del CON, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Transporte.
Las competencias sobre ecología de la CON afectan a tres ámbitos: el ciclo del agua, los residuos y los servicios ambientales (cambio climático, transición energética y educación ambiental). Las actuaciones en estos tres ámbitos se enmarcan dentro de la planificación estratégica de desarrollo del territorio metropolitano, uno de los objetivos primordiales del CON. El diseño de estrategias se hace propiciando espacios de consenso y concertación con los agentes económicos, sociales e institucionales del territorio. Todo ello se concreta en el Plan de Actuación metropolitana (PALMO) y en la Reflexión estratégica metropolitana (REMO), global y transversal, para definir qué tiene que ser el CON a medio y largo plazo.
Por lo tanto, en el ámbito territorial metropolitano barcelonès las herramientas de planificación y gestión medioambiental están, y se ejercen. De hecho, los éxitos de la planificación estratégica metropolitana y de las consecuentes políticas de medio ambiente y sostenibilidad han estado notables. Hay que reconocerlo antes de plantear algunas vías de superación de los nuevos retos que la evolución de los hechos está comportando.
Actualmente el reto más importante para la población metropolitana es el mismo que tiene planteado el conjunto de la humanidad: mantener el calentamiento global, el cambio climático, dentro de los límites compatibles con la estabilidad social, la supervivencia humana y el equilibrio de los ecosistemas. De esto dependen, en mayor o menor medida, no solo todas las otras cuestiones ambientales, sino también las económicas y sociales.
El cambio climático ha sido reconocido por la Unión Europea como una emergencia, y es objeto de una línea estratégica primordial de sus políticas. Consecuentemente, dentro del ámbito de la UE las actuaciones para hacer frente en cada escala territorial, según el principio de subsidiariedad, podrían disponer de aval político y de recursos técnicos y económicos por su implementación efectiva.
De las consideraciones anteriores emana la necesidad de hacer dos órdenes de precisiones.
«La naturaleza de los hechos implicados en el cambio climático obliga a transcender las divisiones administrativas horizontales, también pose en cuestión la funcionalidad de las divisiones administrativas verticales, es decir, territoriales.” |
Primeramente, por la naturaleza del reto climático, las políticas a llevar a cabo no se restringen a las actuaciones caracterizadas hasta ahora como “medioambientales”; tendrían que ser de carácter transversal y, para gestionarlas, se tienen que superar las divisiones administrativas existentes. Conseguirlo no es fácil porque se tienen que vencer inercias muy incrustadas en las mentalidades, en la tradición administrativa departamental y en los presupuestos. Aun así, es posible hacerlo. La clave es entender que estamos ante una cuestión de política general y no sectorial, y que hay que contar con el apoyo político de las máximas autoridades en las diferentes administraciones y que todos los departamentos trabajen coordinadamente.
Segonament, la naturaleza global del reto climático y su evolución ponen permanentemente en cuestión la idoneidad del ámbito territorial que tiene que planificar y gestionar las actuaciones para hacer frente. Desde que la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 impulsó la elaboración de Agendas 21, el leit motiv “pensar globalmente, actuar localmente” ha sido una guía de la planificación y actuación medioambiental desde la escala planetaria hasta la municipal.
En definitiva, del mismo modo que la naturaleza de los hechos implicados en el cambio climático obliga a transcender las divisiones administrativas horizontales, también pose en cuestión la funcionalidad de las divisiones administrativas verticales, es decir, territoriales. Por ejemplo, la delimitación de una área metropolitana puede haber perdido cierta vigencia. Podría tratarse de un proceso de la misma naturaleza que aquel que llevó los municipios a decidir constituirla para optimizar determinadas funciones que compartían. Puede ser que en algunos aspectos lo siga siendo, pero aquello fundamental es que el proceso que tenemos que encarar ahora es de otra dimensión: la transición ecológica de todo un sistema y de la misma sociedad.
Para gestionar este nuevo proceso hace falta también un cambio de escala territorial. En efecto, trasponer el concepto y la estructura administrativa de área metropolitana a un número superior de municipios comprendidos, más o menos arbitrariamente, dentro de una futura “región metropolitana” no nos parece que sea la solución más adecuada.
Por el contrario, sostenemos que la “región metropolitana” más adecuada para planificar y gestionar la transición ecológica necesaria para hacer frente al cambio climático y mejorar la economía y la sociedad futuras es la región propiamente dicha, es decir, Cataluña: un ámbito territorial complejo y socialmente viable que dispone de un estatus político y administrativo mejorable, pero legítimo y consolidado. Justificar esta hipótesis como se merece no es posible hacerlo en el espacio de este papel. Aun así no dudamos al presentarla aquí y ahora con el convencimiento de que el país contiene los elementos que permitirán de confirmarla como una tesis fértil y esperanzadora.
Lluís Boada es Doctor en Ciencias Económicas y en Humanidades. Es experto en planificación estratégica de desarrollo sostenible. Fue Director de los Programas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona (1991-2000).
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