LA METRÓPOLI: CINCO MIRADAS

En el marco de la sección Repensar la Metrópoli, un grupo de expertos reflexiona sobre temas clave como el buen gobierno de la entidad metropolitana, los retos que enfrenta la entidad en el rompecabezas de la globalización, el paso hacia una nueva configuración que respete el medio ambiente, atenta al factor social y articulada para responder a las necesidades de las personas.

Joaquín Tornos Mas, catedrático de Derecho Administrativo de la UB, señala que actualmente más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y esta proporción probablemente aumentará en los próximos años. Estas áreas son motores del crecimiento económico y la innovación, pero al mismo tiempo tienen que hacer frente a la grave escasez de servicios sociales e infraestructuras, generar problemas de movilidad y plantear problemas ambientales.
El AMB está formado por municipios de su área territorial, por lo que esta entidad local no es exponencial para una comunidad metropolitana de ciudadanos, aún por construir, sino que debe actuar al servicio de las necesidades y aspiraciones de los municipios que la componen. Municipios que requieren de una entidad supramunicipal para ayudar a la mejor prestación de sus servicios.
Esta configuración jurídica de la entidad metropolitana explica que su gobierno es elegido indirectamente y se estructura sobre la base de cuatro órganos fundamentales: el Consejo Metropolitano, el Presidente, la Junta de Gobierno y la Comisión Especial de Cuentas, más el Consejo de Alcaldes. El Consejo está compuesto por 90 concejales que representan a los 36 municipios de la zona (dependiendo de las poblaciones respectivas, excepto Barcelona a la que se atribuyen directamente 25 concejales), siendo los alcaldes nacidos miembros del Consejo.
Así, se mantiene un modelo de dos niveles, que reconoce la primacía del ámbito municipal, y que constituye el poder metropolitano desde la cooperación municipal. ¿Cuáles son los retos que se demandan hoy en esta entidad institucional a la que llamamos el Área Metropolitana de Barcelona? ¿Cómo debe gobernarse el territorio metropolitano en el mundo actual, un mundo globalizado y altamente competitivo, con una crisis de legitimidad de los órganos políticos, con una sociedad compleja que accede a la información sin codo y mantiene altos niveles de desigualdad y personas en riesgo de exclusión social?
Creemos que a pesar de los esfuerzos del personal y funcionarios de la AMB, todo parece indicar que la institución no responde a su potencial o a lo que se requiere de dicha entidad. Las necesidades de la población de la zona han ido en aumento, al igual que las desigualdades internas. La competitividad entre áreas o áreas territoriales similares a las del AMB ha aumentado en un mundo globalizado. Las formas de gobernar y administrar el territorio se han transformado. La crisis económica ha afectado a la forma en que hacemos política.
El ejercicio del «poder» metropolitano, constituido por sus amplias competencias, debe ejercerse desde la convicción de que muchas de sus decisiones deben ser fruto del consenso interno con los municipios que conforman el AMB y la colaboración con otros territorios superiores, y deben contar ineludiblemente con la colaboración del sector privado. El necesario crecimiento inclusivo y sostenible requiere consenso con otros actores institucionales y sociales.
Esta nueva realidad requiere, sin demora, reflexionar sobre la gobernanza metropolitana y adoptar nuevas formas de acción. Para ayudar a esta reflexión, formulamos una serie de propuestas generales basadas en el modelo institucional actual. Por lo tanto, no abordamos dos cuestiones de interés indiscutible, pero eso requeriría un nuevo consenso tal vez inalcanzable hoy en día. Me refiero a la ampliación del ámbito territorial para ocupar el territorio de la llamada Región Metropolitana, y por otro lado establecer la elección directa de los representantes metropolitanos para crear una gran ciudad.

Aceptando, por lo tanto, el marco institucional actual, proponemos las siguientes líneas de reflexión:
R. Reconocer, para superarlos, la desconfianza existente que ha condicionado el desarrollo de la realidad metropolitana de Barcelona. Por un lado, la desconfianza de los ayuntamientos, en particular los más pequeños con respecto a Barcelona, y por otro, la desconfianza de la Generalitat con respecto a un AMB fuerte que actúa como contrapoderoso del gobierno autonómico.
B. El AMB es una entidad territorial formada por la agrupación de municipios, pero como entidad local territorial no hay que olvidar que está al servicio de una comunidad, un grupo de ciudadanos que tienen problemas comunes. Por lo tanto, debe entenderse que el AMB es una institución al servicio de la comunidad metropolitana. El AMB no debe ser visto como un territorio en el que prestar servicios municipales de manera coordinada.
C. La organización interna del AMB debe intentar equilibrar el centro –periferia. Por un lado, llevar órganos del AMB por todo el área metropolitana y, por otro, también mejorar la ubicación de centros universitarios, escuelas de negocios, instalaciones culturales en todo el espacio metropolitano.
D. El gobierno metropolitano requiere un liderazgo fuerte y convencido de la importancia y las potencialidades del AMB. Quien preside el AMB, y su equipo de gobierno, debe ejercer este liderazgo. Los municipios, por otro lado, deben ver en el AMB no sólo una ayuda para la prestación de sus servicios a sus respectivos ciudadanos, sino que deben reconocer las ventajas de la metropolitización de determinados servicios, ya que esto se traduce en un mejor servicio a sus ciudadanos.
E. Debemos tratar de fortalecer la legitimidad de la entidad metropolitana. Para ello, se suele defender la elección directa del gobierno del AMB. Sin negar el interés en este debate, como ya hemos dicho, no proponemos esta reforma en este momento. Pero hay otras maneras que pueden fortalecer la legitimidad del AMB. Así, se pretende crear conciencia metropolitana entre los ciudadanos que viven en la zona a través de información sobre las actuaciones del AMB, facilitando la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en el gobierno de AMB. Es necesario garantizar que la realidad fáctica de la vida metropolitana de muchos ciudadanos (se mueven dentro del AMB para trabajar, recibir beneficios de salud o asistir a eventos culturales, ir de compras, etc.) se identifique con la existencia de una entidad gubernamental metropolitana.
F. La realidad metropolitana requiere una agenda propia separada de la cual los respectivos municipios puedan definir. El AMB cuenta con un área encargada de la planificación estratégica y desde 1986 con el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, así como con el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, PEMB.
G. Es necesario trabajar decididamente en políticas para promover la actividad económica y la innovación. Es necesario atraer industria, clusters, promover el teletrabajo y promover el coliving para lograr talento. El área metropolitana de Barcelona, y no sólo Barcelona, debe promocionarse como un lugar ideal para trabajar y desarrollar actividades económicas, ahora basadas principalmente en el talento, y que ya no necesitan una inversión intensiva de capital.
Del mismo modo, las ferias, los eventos deportivos, los congresos científicos deben ser atraídos.
H. Las relaciones exteriores también son importantes. El AMB debe ser un interlocutor activo en las relaciones con la Generalitat, con la administración estatal, con la Unión Europea y con las organizaciones internacionales. El ejercicio de algunas competencias del AMB, como las relativas al transporte, el ciclo del agua, el medio ambiente o la vivienda, no es posible sin los órganos políticos y administrativos superiores. Es necesario participar en la definición de estas políticas, y luego asumir su aplicación en el área metropolitana Para ello sería conveniente institucionalizar formas de participación, y ganarse el derecho a ser consultados y ver reconocidas las propuestas para el prestigio de las contribuciones. El AMB también debe ser un elemento de proyección externa de los municipios que lo componen, y de la institución metropolitana como tal, como entidad que juega en la liga de las grandes entidades locales supramunicipales.
I. Las administraciones han perdido el dominio de la ciencia, el conocimiento y la capacidad de inversión necesaria para satisfacer las necesidades públicas. Así lo ha puesto de relieve la reciente lucha contra la pandemia covid19. Un excelente sistema de salud pública, aunque es cierto que, abusado en los últimos años, ha tenido que salir al mercado a proporcionar medios, ha utilizado centros sanitarios privados y la vacuna ha sido del sector privado. La gobernanza metropolitana debe reconocer esta realidad y promover los medios de colaboración público-privada, ya sea a través de la creación de empresas mixtas o el uso de contratos de servicios o la concesión de servicios. La conclusión es que las áreas metropolitanas son temas públicos de especial relevancia en el mundo globalizado de hoy. Como grupos de municipios gobiernan al servicio de grandes comunidades de ciudadanos, teniendo que responder a los retos de las grandes conurbaciones para lograr una sociedad interna inclusiva e igualitaria. Pero a su vez deben ser sujetos activos del desarrollo económico de todo su territorio en una etapa mundial competitiva, tratando de atraer capital y talento. La dimensión metropolitana es necesaria para poder competir en la consecución de estos propósitos.
La nueva gobernanza metropolitana no requiere imperativamente reformas territoriales o cambios de estructuras administrativas, sino políticos capaces y comprometidos con el desarrollo del potencial de la entidad existente, que superen las dudas previas y trabajen en solidaridad internamente, y como una unidad en la proyección externa de la entidad metropolitana, contando para todo esto con la capacidad, medios y talento del sector privado.

José Antonio Donaire, geógrafo y profesor de la Universidad de Girona, repasa la historia de las ciudades para descubrir que no fue hasta la década de 1970 cuando se constituyeron muchas de las administraciones metropolitanas contemporáneas, como Yakarta o Río de Janeiro. En España, las dos ciudades que adoptaron por primera vez una organización supramunicipal fueron Valencia y Bilbao. Aunque el Plan General de Ordenación Regional de Bilbao (‘El Gran Bilbao’) fue aprobado en 1945, los límites de la Gran Valencia se acordaron dos años después. El Plan General de Ordenación Urbana de la Comunidad de Madrid fue aprobado en 1963. Es el trasfondo de los planes bilbao y valenciano, así como el primer proyecto en Madrid que llevó a la propuesta del primer diseño metropolitano en Barcelona, el Plan Regional de 1953. Tras un primer intento de salto de escala, que es el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona de 1966, en el que los 27 municipios del plan de 1953 se convirtieron en 162, se aprobó, en 1974, la Entidad Municipal Metropolitana Integrada de Barcelona (como el Plan Regional de 1953) fue aprobado por 27 municipios. La nueva entidad integra las competencias de planificación y toda una serie de servicios que pueden tener una lógica supramunicipal, como el abastecimiento de agua, el saneamiento, los residuos o los cementerios. Con este nuevo marco administrativo, se acuerda el Plan General Metropolitano formado por los 27 municipios que habían fijado el plan de 1953. Las Leyes de Ordenación del Territorio de 1987 desactivan la Corporación, proponen la creación de entidades supramunicipales de gestión de determinados servicios y proponen el modelo de la región como sistema de organización descentralizada alternativa. Por lo tanto, la antigua Corporación está rota en varios condados. Hay dos entidades que asumen funciones metropolitanas: la Entidad Metropolitana de Transporte y la Entidad Ambiental, con diferentes límites (una integra 18 municipios y las otras 33) y con sistemas de gobernanza también diferentes. Poco después, se creó una mancomunidad de municipios metropolitanos, una especie de Plan B para mantener la calidez del proyecto metropolitano. Esta mancomunidad estaba compuesta por 31 municipios y tenía, además de las funciones clásicas de coordinación de servicios, la voluntad de pensar en el futuro común de los municipios metropolitanos.
El pulso entre la Generalitat y la entidad metropolitana vivió un nuevo episodio en el momento en que Maragall logró la Presidencia de la Generalitat. El primer paso fue la aprobación de un nuevo Estatuto de 2006, que proponía una nueva organización territorial, con una mención explícita en el área metropolitana. El artículo 93 del nuevo Estatuto explica las entidades supramunicipales y, más concretamente, las entidades metropolitanas. En 2010, el Parlament aprobó por unanimidad la Ley del Área Metropolitana de Barcelona, integrada por 36 municipios. Exactamente 23 años después del LOT, se creó de nuevo una entidad metropolitana, que reflejaba esencialmente la suma de las competencias de las dos entidades supramunicipales (EMT y EMA), así como las de la mancomunidad.
Así, comienza la última etapa del proyecto metropolitano. La entidad es relativamente eficiente en la coordinación de las políticas urbanas y en la prestación de servicios supramunicipales, pero todavía carece de un sistema de gestión relativamente autónomo, una mayor especificación de las áreas de competencia y gestión que supera el predominio de la lógica urbana.
Estos son los retos pendientes del Área Metropolitana:
1. El AMB es esencialmente una entidad con vocación urbana. La lógica metropolitana opera en muchas otras áreas que tienen mucho menos historial en la entidad. El enfoque de los grandes retos del futuro puede ser un eje para ampliar la función del AMB: la nueva movilidad, el derecho a la vivienda, los límites del turismo, la nueva logística, la contratación de nuevas profesiones…
2. El AMB necesita un sistema de dos coronas, una primera área de relaciones urbanas y una segunda, policéntrica, con los límites de la región metropolitana. El desarrollo de las vegueries facilitaría este doble sistema de relaciones.
3. Políticamente, la creación de una entidad metropolitana con más del 40% de la población y aproximadamente la mitad del PIB del país siempre ha sido vista como una amenaza. La compleja situación de la política catalana ha diluido la unanimidad de la actual Ley AMB. Pero sin un amplio pacto político (que incorpore el mayor número posible de fuerzas políticas desde el arco parlamentario) el proyecto siempre estará limitado por las presiones del Gobierno y de los ayuntamientos.

Otro frente que el AMB debe abordar es el imperativo ecológico. Vicente Guallart, arquitecto, director de Guallart Architects. Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, señala que el gran reto de los centros urbanos para los próximos años es convertirse en un territorio que promueva la vida y combata las desigualdades de nuestra sociedad. El año pasado, la Unión Europea se fijó el reto de hacer de Europa un continente de cero emisiones para 2050. Y para hacerlo posible, ha definido diferentes objetivos, empezando por una reducción de las emisiones del 55% para 2030. Se trata de un reto porque, a pesar de las reiteradas declaraciones de «emergencia climática», la acción diaria de la mayoría de nuestras administraciones sigue basada en «los negocios como siempre». Las buenas intenciones sin gestión ni presupuestos no detendrán el cambio climático.
De hecho, cada cincuenta años hay un cambio radical en el modelo de pensamiento y construcción de nuestras ciudades. Estamos en uno de esos momentos. Como sucedió en la década de 1970 con la crisis del petróleo, la revisión de los postulados modernos y el retorno a modelos compactos vinculados a la ciudad histórica, o en la década de 1920, con el desarrollo del modelo de ciudad moderna y la fundación de la Bauhaus. Desde este punto de vista, Barcelona, y especialmente su Área Metropolitana, tiene una magnífica oportunidad de promover este nuevo paradigma que debería surgir en los años 2020 para seguir mejorando la vida de sus ciudadanos e inspirar al mundo. Por un lado, tiene tradición haber promovido el primer urbanismo industrial con la Pla d’Eixample y la Teoría General de la Urbanización del ingeniero Ildefons Cerda. También tiene una credibilidad forjada en las últimas décadas debido a las reformas urbanas con la reinvención del espacio público y la promoción de la economía de la innovación urbana.
Por lo tanto, se plantean los siguientes desafíos:
1. Biociutats: La estrategia principal consiste en definir una visión centrada en superar el modelo de planificación urbana de la primera y segunda revolución industrial para abordar una nueva forma de habitar el territorio que promueve la vida comunitaria, de modo que las ciudades sigan los principios de los sistemas naturales utilizando los recursos y tecnologías que han surgido con la revolución digital. Para ello, es necesario sustituir el actual modelo urbano basado en una economía que importa productos de todo el mundo y genera residuos al tiempo que produce una gran cantidad de emisiones, mediante un modelo basado en la bioeconomía circular, que promueve la producción local de recursos utilizando energías renovables utilizando el potencial de conectividad global a través de redes de información.
2. Ecosistemas regionales. Desde este punto de vista, es necesario definir una estrategia que aborde el fenómeno metropolitano más allá de las relaciones laborales diarias, incluyendo variables relacionadas con el teletrabajo, la movilidad de alta velocidad, la producción distribuida de recursos y la gestión de sistemas naturales. Si Barcelona es analizada en el contexto de Europa de las regiones, no hay duda de que el proyecto metropolitano requiere una visión ecosistémico que cubra un territorio amplio, para que organice los flujos de materia, agua, energía, alimentos o materiales entre los núcleos urbanizados y el territorio agrícola, logístico y natural, hacia un modelo de autosuficiencia conectada propia de los sistemas naturales.
3. Construcción en madera. Uno de los elementos que mejor representa este cambio de época en la arquitectura y la ciudad es el desarrollo emergente de la construcción con la madera industrializada como material principal para nuevos edificios ecológicos. Si en el siglo XIX el nuevo material de construcción era de acero, y en el siglo XX ha sido concreto, en el siglo XXI la madera puede permitir hacer estructuras que, en lugar de producir emisiones, son sumideros de CO2 porque almacenan el dióxido de carbono que han absorbido cuando los árboles estaban creciendo.
4. Ciudades de baja movilidad. Las ciudades de bajas emisiones serán ciudades de baja movilidad, superando el paradigma industrial que animó a los ciudadanos a moverse constantemente entre sus lugares de vivienda, trabajo o ocio. Para ello, no sólo es necesario promover sistemas de transporte público, compartidos o ciclistas, sino que es necesario promover un modelo urbano que supere la idea del centro y de la periferia, desde un modelo urbano distribuido formado por barrios productivos donde se pueda vivir, trabajar y descansar.
5. Reindustrialización digital. También es posible promover la reindustrialización digital de Barcelona utilizando procesos de fabricación robótica que utilizan impresión 3D o tecnologías similares, que son más precisas, eficientes y flexibles. Esto demostraría un nuevo tipo de liderazgo que va más allá de la economía digital, basado en los servicios de los 22@. La fabricación digital y sus procesos asociados son el gran fenómeno emergente en cualquier tipo de industria, ya que permite ser más flexible y hacer productos personalizados.
6. Edificios autosuficientes. Siguiendo el paradigma de los biociutats, las ciudades deben ser consideradas como bosques y edificios como árboles. Si quieres desarrollar ciudades que absorban COن y promuevan la vida y la biodiversidad, es necesario construir edificios que generen la energía que consumen a través de sistemas renovables y que reciclen sus aguas para producir naturaleza y alimentos en el propio edificio. Los edificios, en lugar de ser «máquinas de hábitos» como lo define el paradigma moderno del siglo XX, deben ser «organismos para vivir» conectados a todos los sistemas naturales que los rodean, para que promuevan la vida humana en comunidad. Si la vivienda, y sobre todo la vivienda social en alquiler, es uno de los grandes retos de la Barcelona metropolitana, no es necesario conformarse con hacer muchas, pero hay que hacerlas bien.
7. Naturaleza urbana. La Barcelona del Área Metropolitana cuenta con un área de espacios naturales que supera el 50%. Sin embargo, al igual que se abordó la apertura del mar en Barcelona en los años 80, no ha habido voluntad de utilizar el Parque Collserola, la Cordillera Costera o el Parque garraf como motores de la renaturalización urbana de toda la estructura urbana metropolitana. Asimismo, el río Besós (y también el río Llobregat) requiere un proyecto que transforme estos corredores biológicos en espacios urbanos que se concentren en sus fachadas viviendas, instalaciones y nuevos espacios productivos desarrollados a partir de los nuevos principios previamente indicados.
Estos son, sin duda, grandes retos de la Metrópolis de Barcelona definidos como un Biociutat.
«El gran reto de los centros urbanos para los próximos años es convertirse en un territorio que promueva la vida y combata las desigualdades de nuestra sociedad».

Roser Fernández, directora general de la Unión Catalana de Hospitales y presidenta de la Comisión de Atención a las Personas, Salud y Sociales de Foment del Treball, cree que las delimitación territoriales deben responder a la mejor manera de organizar administrativamente los servicios públicos a los ciudadanos. Sin embargo, el centro del debate son los conflictos sobre el poder político y administrativo entre territorios y ciudades.
La región metropolitana o vegueria de Barcelona, con casi 5 millones de habitantes, debido a su extensión y diversidad, se convierte en un claro contrapeso a la planificación y gestión de los servicios públicos de responsabilidad regional. Y este es otro conflicto político que surge sobre el tema.
En cualquier caso, un principio que debemos compartir es que las estructuras administrativas territoriales deben estar al servicio de las personas y no al revés, y que no podemos causar inflación de niveles que no agregan valor por razones de distribución de juegos. Si nos centramos en el concepto de Salud de la OMS que lo define no sólo como la ausencia de la enfermedad, sino también como un estado completo de bienestar físico y emocional, difícilmente podemos segmentar la atención a las personas en salud y servicios sociales.
A partir de ahí algunas reflexiones sobre el valor de la territorialidad:
– La bondad de la descentralización en la planificación y gestión de la salud y los servicios sociales para acercarse a las necesidades de la diversidad territorial.
– La bondad de la acción comunitaria en las nuevas políticas sanitarias que no sólo deben abordar enfermedades o dependencias, sino que deben avanzarse para actuar de forma preventiva para reducir el riesgo de enfermarse, garantizar la salud y la autonomía personal, así como minimizar las desigualdades territoriales.
– La necesidad de apostar por la Salud en todas las políticas: salud, educación, vivienda, movilidad, etc., y por lo tanto la plena integración en las políticas locales.
– La necesaria coordinación territorial de la gestión de las rutas asistenciales, sanitarias y sociales, para garantizar la continuidad de la atención a las personas. Y en este caso concreto, cuando las competencias en servicios sanitarios son autonómicas y las competencias en servicios sociales compartidas con los ayuntamientos, el valor de las comisiones de coordinación territorial es estratégico.
Sin embargo, el modelo organizativo del sistema sanitario en Cataluña tiene su propia idiosincrasia en la que el Servicio Catalán de la Salud y las regiones sanitarias son la administración de referencia para la planificación, contratación y evaluación de la cartera de servicios a una red de prestación de servicios sanitarios y sociosanitarias (SISCAT).
Una red con servicios descentralizados, de proximidad, que trabaja en coordinación y en la que los criterios que tienen que prevalecer van mucho más allá de las delimitaciones territoriales. La descentralización en la gestión de los servicios públicos es clave, sobre todo, para responder a la diversidad territorial, pero sin caer en el riesgo del localismo o de la política de timbres.
¿Y cómo combinarlo todo? Probablemente no fragmentar más poderes entre los niveles de administración y apostar por espacios de cognición y participación. La acción comunitaria y preventiva, la salud de la población, debe gestionarse desde la proximidad territorial con la participación del mundo local. La planificación del sistema de salud, su cartera de servicios, garantizar la calidad, la excelencia y la equidad es una responsabilidad del país, que requiere conocimiento clínico, buen gobierno y gestión.

La realidad de la coordinación territorial de la salud y los servicios sociales en el área metropolitana de Barcelona, puede ser un buen ejemplo de coordinación interadministracional porque refleja la realidad de la diversidad poblacional, los dispositivos de proximidad y también la referencia.
En el ámbito de la prestación de servicios públicos, no obligamos a la discusión política, administrativa y estructural. Obligamos a coordinar la accesibilidad y la calidad de los servicios a las personas.

La pandemia ávida global, pero que ya se arrastra desde la última década, ha puesto de relieve, según Felipe Campos Rubio, director general de la Asociación Educativa Itaca LH, la importancia de llegar a un consenso entre las diferentes sensibilidades sociales para la construcción de la ciudad. Ya no estamos hablando sólo del valor de las «piedras» que hacen las ciudades, sino también del hecho social y de la forma en que orientamos los retos en términos de vivienda, sostenibilidad, trabajo, educación… Todas estas acciones determinarán la estabilidad para acometer la transformación de Barcelona, y son decisivas en la armonización del desarrollo económico y social para convertirlo en un espacio de oportunidad.
No podemos discutir el hecho social de una metrópolis para las personas sin señalar que cualquier acción y redefinición del territorio, necesita un buen diagnóstico primero seguido de un plan de acción conjunto.
Tomar una fotografía de la situación actual puede ayudarnos a entender nuestras debilidades como sociedad. Sin duda, covid ha sacudido nuestro presente y también nuestro futuro. Esta situación global con un claro impacto en el área local, en los barrios de nuestras ciudades, muestra cómo la mayoría de la población vive en las metrópolis, un hecho que no puede ser desvinculado del hecho social en el área metropolitana.
Es en este ámbito donde hay un profundo debate entre las ciudades construidas para ser vividas o para ser consumidas, para ser habitadas o para especular, para garantizar derechos en términos de justicia social o gentrificación. Y este debate no se ve afectado sólo en términos locales, hay una clara relación con la cooperación entre los diferentes actores (hasta la fecha no hemos superado el discurso de lo bueno y lo malo, puro e interesado), y poner en el centro de las políticas públicas a la persona en todas sus dimensiones, al ciudadano con los derechos adquiridos por vivir en un territorio. Tampoco los factores asociados con el cambio climático y los límites ambientales del planeta pueden desvincularse del debate metropolitano, en términos de movilidad sostenible, emisiones, tratamiento del agua y garantía de acceso en términos de calidad y excelencia. En tiempos como los que actualmente experimentan humanidad en las ciudades, el hecho social de los individuos es también el hecho social en la metrópolis.
La vida en las grandes metrópolis se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero la última crisis sanitaria, social y económica deja a los grupos sufriendo en una situación más vulnerable y dramática, en la llamada UCI social. Los datos hablan por sí solos: en 2021 habrá más de 150 millones de personas que se encontrarán en una situación de pobreza extrema.
La lucha contra la covid, la recesión y el cambio climático dejan el futuro de la humanidad en una situación profundamente grave, y esta situación tiene su propio nombre: la pobreza. Los ratios volverán a subir por primera vez desde 1990 a nivel mundial. El Banco Mundial estima que más de 150 millones de personas sobrevivirán con menos de 1,90 dólares al día para 2021. Las Naciones Unidas prevén que entre 240 y 490 millones de personas de 70 países diferentes entrarán en la pobreza «multidimensional», señalando que esta catástrofe humanitaria está empeorando si añadimos la variable del cambio climático.
La mayoría de los países que han visto aumentar sus tasas de pobreza extrema ya estaban registrando tasas más que notables antes de la llegada de la pandemia de COVID. Además, las naciones de ingresos medios también han visto sus registros aumentar significativamente, a alrededor del 82%.
La convergencia de la crisis sanitaria, las presiones de los conflictos armados y el cambio climático ponen en riesgo el objetivo de poner fin a la pobreza en 2030 si no se activan de inmediato las acciones políticas de impacto y sincronizadas internacionalmente. Si no, la tasa de pobreza extrema seguirá siendo del 7% al final de la década que acabamos de comenzar. Sobre todo por el aumento de las grandes ciudades, donde se trasladarán los mayores picos de pobreza, hasta ahora más estrechamente vinculados a las zonas rurales.
«Todo apunta a la cooperación territorial y a la superación de viejas barreras con el hecho social como bandera».
Estos datos y diagnóstico nos ayudan a alcanzar, como dijimos antes, la necesidad de desarrollar un plan de acción específico. Es hora de la cooperación, es hora de la metrópolis. Así, todo apunta a la cooperación territorial y a la superación de viejas barreras con hecho social como bandera, lo que nos invita a corregir las debilidades democráticas, un paso esencial para generar un nuevo escenario metropolitano en Barcelona.
Así, se esboza el reto del plan de acción: avanzar hacia una esfera de la democracia metropolitana con capacidad política para construir y promover hechos sociales en la vida de la metrópoli. Si una gran parte de los desafíos para el futuro se expresan hoy a nivel metropolitano, parecería coherente definir una amplia agenda de políticas de respuesta de todos los municipios miembros, con todos los actores operando en el territorio, con una visión de negocio pero también teniendo el Tercer Sector. Una nueva construcción, un nuevo modelo con carácter político y una madurez democrática y participativa en la que el interés superior del ciudadano es la principal prioridad.
Superar esta visión individualista haría más dinámica la red de barrios y ciudades, que las persistentes fracturas urbanas y los nuevos ejes de vulnerabilidad social relacionados con la vivienda, la inseguridad laboral y la acción social, tuvieran una respuesta multiplicador en un territorio que ha superado el esquema de jerarquía espacial entre Barcelona y una corona cultivada con lógica de periferia. La metrópolis de Barcelona marcada por hechos sociales rompería con la idea de un AMB de municipios desconectados, centrado únicamente en sus propios proyectos de ciudad, en los que el ciudadano sólo se enmarca según su código postal. Red de identidades municipales, sin ningún sentido de pertenencia, una realidad que debe evolucionar hacia un nuevo modelo metropolitano, de relaciones que deben ser reconocidas y gobernadas con un liderazgo renovado.
Por lo tanto, podemos concluir que el contexto actual nos invita a reflexionar profundamente sobre las relaciones, a incorporar los hechos sociales en la acción gubernamental en el marco de una clara cooperación público privada en un nuevo acuerdo metropolitano, que implica nuevas políticas metropolitanas de redistribución social, construcción urbana y compromiso con el cambio climático.
Pero este nuevo espacio político más cooperativo exige, por tanto, un hecho decisivo, un nuevo marco de gobernanza, de nuevos liderazgos compartidos, una nueva matriz relacional entre municipios articulados con componentes supramunicipales de amplias competencias metropolitanas, que permita construir la gran Metrópoli de Barcelona con su propio hecho social al servicio de las personas.

I. En l’actualitat més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, i aquesta proporció segurament s’anirà incrementant en els pròxims anys. Aquestes àrees es constitueixen en motors del creixement econòmic i d’innovació, però al mateix temps han de fer front a greus mancances de serveis socials i infraestructures, generen problemes de mobilitat i acreixen els problemes mediambientals.
Aquesta realitat metropolitana ha estat present en el cas de Barcelona i el seu entorn des de fa molts anys. El Decret llei 5/1974 de 26 d’agost va crear l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, regida com una Corporació Metropolitana, com a entitat local supramunicipal. El seu impuls i potenciació per l’alcalde Pascual Maragall va portar a l’enfrontament amb el President de la Generalitat Jordi Pujol, que veia en aquesta entitat un contrapoder al d’una Generalitat encara incipient. La llei 7/1987 del 4 d’abril va suprimir la EMM, i va crear dos àmbits funcionals metropolitans diversos (l’entitat metropolitana del transport i l’entitat metropolitana de serveis hidràulics i del tractament de residus). L’Estatut d’Autonomia, llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, va impulsar en el seu article 93 la creació d’un nou ens territorial que institucionalitzés de nou, i amb més força, la realitat metropolitana de Barcelona. Anys més tard es va donar resposta a aquesta voluntat metropolitana amb la creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, mitjançant la llei 31/2010.
L’article 1,2 de la llei defineix el nou ens com a ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la urbanització de Barcelona. L’article 14 enumera les competències d’aquest nou ens, mentre que l’article 13,2 afirma que “la AMB pot prestar els serveis i promoure les activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren”.
Cal destacar dues idees bàsiques d’aquests dos preceptes. L’AMB és un ens local territorial, per tant, es configura com una institució local amb finalitats generals, per la qual cosa de conformitat amb el principi de subsidiarietat ha de poder disposar d’amplis poders i competències per a poder dur a terme tot el que sigui d’interès dels municipis que la componen, tot allò que pot gestionar de forma més eficient que els nivells territorials inferiors i superiors. Per això, la llei de 2010 duu a terme una atribució “forta” de competències. Però, d’altra banda, l’AMB està integrada pels municipis del seu àmbit territorial, per la qual cosa aquest ens local no és exponencial d’una col·lectivitat metropolitana de ciutadans, encara per construir, sinó que ha d’actuar al servei de les necessitats i aspiracions dels municipis que la componen. Uns municipis que precisen d’un ens supramunicipal que ajudi a la millor prestació dels seus serveis.
Aquesta configuració jurídica de l’ens metropolità explica que el seu govern es triï de manera indirecta i s’estructuri sobre la base de quatre òrgans fonamentals: el Consell Metropolità, el President/a, la Junta de Govern i la Comissió Especial de Comptes, més el Consell d’Alcaldes. El Consell el componen 90 consellers representant als 36 municipis de l’àrea (en funció de les respectives poblacions, excepte Barcelona a la qual s’atribueixen de manera directa 25 consellers), sent els alcaldes/as membres nats del Consell.

Es manté així un model de dos nivells, que reconeix la primacia del nivell municipal, i que constitueix el poder metropolità a partir de la cooperació municipal. Aquesta mateixa configuració determina els problemes de la seva governança als quals al·ludirem més endavant.

II.- Tenint en compte la realitat metropolitana de Barcelona i la seva actual institucionalització: Quins són els reptes que avui s’exigeixen a aquest ens institucional que anomenem Àrea Metropolitana de Barcelona? Com ha de governar-se el territori metropolità en el món actual, un món globalitzat i altament competitiu, amb crisi de legitimitat de les instàncies polítiques, amb una societat complexa que accedeix a una informació desbocada i que manté alts nivells de desigualtat i de persones en risc d’exclusió social?
Creiem que pot afirmar-se que, malgrat els esforços del personal i funcionaris de l’AMB, tot sembla indicar que la institució no respon a les seves potencialitats ni al que es requereix d’un ens d’aquesta naturalesa. Les necessitats de la població de l’àrea s’han anat incrementant, i també les desigualtats internes. La competitivitat entre àrees o àmbits territorials similars als de l’AMB s’ha incrementat en un món globalitzat. Les maneres de governar i de gestionar el territori s’han transformat. La crisi econòmica ha incidit en la manera de fer política.

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